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Canarii 11 - Tema Central

Javier Fernández Quesada: crimen sin juzgar

La investigación parlamentaria: una comisión maniatada

El estudio de las Actas de la Comisión de Encuesta, que formó el Congreso de los Diputados a mediados de enero de 1978, no deja de sorprendernos. En otro lugar analizaremos los contenidos de las mismas, pero ahora conviene centrarnos en el ‘modus operandi’ de la misma Comisión y en qué circunstancias abordó la investigación. El legislativo creó la Comisión para investigar los sucesos de Málaga -donde otro estudiante había sido muerto- y de La Laguna. Dentro de esta Comisión se formó una Ponencia que es la que se trasladó a Tenerife.

17 de enero

Formada por siete parlamentarios de las cuatro principales fuerzas políticas, Martínez Emperador (AP) Manuel Acevedo Bisshop (UCD), Martínez-Villaseñor (UCD), Esther Tellado Alfonso (UCD) Fernando Soto Martínez (PCE), Néstor Padrón Delgado (PSOE) y Luis Fajardo Spínola (PSOE), dicha Ponencia se trasladó a Tenerife a investigar in situ lo que había ocurrido, comenzando sus labores el 17 de enero de 1978, más de un mes después de la muerte de Javier Fernández Quesada.

Los parlamentarios se instalan en la sede del Cabildo Insular de Tenerife y redactan una nota pública en la que se “invita a todos los ciudadanos interesados en prestar testimonio de los sucesos ocurridos el pasado mes de diciembre”. También citan a declarar para el 18 de enero al Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Encinas Cueto; al Gobernador Civil de Tenerife, Luis Mardones Sevilla, y al Rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Bethencourt Massieu. A estos dos últimos se les cita en el Congreso de los Diputados para el día 20 de enero y al primero en la sede de la Ponencia en Tenerife. En la tarde del mismo día 17, la Ponencia se desplaza a la Universidad de La Laguna para hacer una inspección ocular, constatando impactos de bala en la fachada principal, “en la proximidad de la parte superior de la puerta”, también en la zona denominada la Chocolatera, en el primer piso, “hay un orificio en el cristal de una ventana”, también apreciaron un impacto de bala en una de las verjas que cierran el acceso al campus.

18 de enero

Llega el día de la citación al Teniente Coronel de la Guardia Civil. Éste dice que para ser “totalmente exacto en sus manifestaciones y no cometer un error involuntario en relación con las distintas horas y hechos ocurridos, y acogiéndose a sus derechos”, prefiere hacer un relato por escrito que enviará a la Ponencia en 24 horas. También se ofrece contestar por escrito a las preguntas que se le hagan después. El Teniente Coronel se retiró y no se añadió más al acta sobre este asunto.

Luego la Ponencia recibió a dos testigos, entre ellos a la Directora del Colegio Mayor Santa María, situado próximo a la Universidad, que recibió también los impactos de las balas.

19 y 20 de enero

La Ponencia está en Madrid y en el Congreso de los Diputados entrevista a Luis Mardones Sevilla, Gobernador Civil de Tenerife, y a Antonio Bethencourt Massieu, Rector de la Universidad de La Laguna. Luis Mardones declara verbalmente y anuncia la presentación de un informa escrito, cosa que hace con fecha de 2 de febrero de 1978.

23 de enero

Declara sólo una persona porque tres de los citados no se personan.

24 de enero

Declaran tres personas más, aunque cinco de los citados no comparecen.

25 de enero

Declaraciones de varios testigos. Falta uno de los citados. Una parte de la Ponencia se traslada a La Laguna para hacer fotografías del lugar de los hechos. Por la tarde reciben al Coronel Jefe del Tercio de la Guardia Civil, Antonio González, quien dijo que traería por escrito dentro de dos días un relato de los hechos y que después la Ponencia podía preguntarle lo que quisiera. Se persona el Teniente Coronel de la Policía Armada, Jefe de la Agrupación de Banderas de Canarias y dice que las preguntas se le formulen por escrito y por el conducto reglamentario. Uno de los miembros no considera procedente el sistema de las preguntas escritas porque “la Ponencia tenía perfecto derecho a efectuarlas de viva voz…y recibir…la contestación de forma verbal”. Luego interviene el Delegado de la Dirección General de Seguridad, Claudio Ramos.

Día 26 de enero

Algunos de los ponentes manifiestan su “sorpresa e indignación” por las informaciones en un periódico local en las que se detallan con nombres y apellidos las personas que han prestado declaración. La Ponencia reanuda su labor, recibiendo a distintos testigos, aunque no comparecen seis de ellos.

Día 27 de enero

La Ponencia recibe a varios testigos, no se presentan tres de ellos. Por último recibe al Coronel Jefe del Tercio de la Guardia Civil, quien entregó un relato escrito de los hechos, advirtiendo estar de acuerdo en que se le formulen preguntas, pero por escrito, y que responderá a ellas por correo certificado. Después de la lectura del informe del Coronel, un diputado le pregunta si se le podían formular preguntas a viva voz, tal y como se había comprometido en la sesión del día 24, a lo que responde que no y que “las preguntas deberán ser formuladas por escrito… para estudiarlas y también por escrito poderlas contestar”. El representante del PCE en la Ponencia aclara que su Partido no secundó la jornada de lucha del 12 de diciembre y que uno de los testigos había pertenecido al PCE, pero que había sido expulsado “por su mala conducta social”.

Día 2 de febrero

La Ponencia había solicitado del Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, un informe sobre los hechos y como no había recibido respuesta reitera su petición al Presidente del Congreso, para que la eleve a quien corresponda. Solicita, también, del Presidente del Congreso que pida a las autoridades una copia del informe forense de la autopsia que se le practicó a Javier Fernández Quesada. La Ponencia toma también el acuerdo de dejar pendientes las preguntas que se debían formular al Teniente Coronel y Coronel de la Guardia Civil hasta que se reciba el informe pendiente del Gobernador Civil. Acuerdan reunirse otra vez el día 9 de febrero, aunque no consta que la Ponencia se haya reunido de nuevo ni que se adjuntaran los informes solicitados.

29 de junio

La Comisión parlamentaria para investigar los sucesos de Málaga y Tenerife realizó un informe de 59 folios, que dio origen a las conclusiones de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados de 29 de junio de 1978. Allí, cada diputado de la Ponencia dio su opinión. Los socialistas dijeron que había quedado demostrado que sólo la guardia civil había hecho uso de sus armas reglamentarias, aunque la iniciativa fue rechazada tanto por la UCD como por la posfranquista Alianza Popular porque, según ellos, la bala que mató a Javier no partió de las fuerzas del orden sino de otro sitio, y que los guardias se vieron acosados por los estudiantes.

No se establecieron responsabilidades políticas, no quedó probado nada, se echó tierra al asunto. Lo que vieron los 25 testigos que pasaron por la Ponencia fue sometido a una crítica feroz por parte de los diputados de la derecha presentes en las declaraciones, quienes cuestionaron cualquier cosa que afirmaran los ciudadanos que habían ido allí a contar lo que habían visto. Sin embargo, el trato a los responsables del operativo de la Guardia Civil que dio como resultado la muerte de un estudiante a las puertas de su Universidad fue mucho más magnánimo y respetuoso. Se les permitió hacer sólo declaraciones por escrito y no responder verbalmente.

Analizando pormenorizadamente las Actas de la Ponencia podemos llegar a la conclusión, sin ningún género de dudas, de que la investigación fue claramente obstaculizada desde fuera, con la complicidad del ministro del Interior del momento, Rodolfo Martín Villa, pero que también desde dentro no se hizo todo lo posible para que la indagación llegara a buen puerto. Por eso no se aclaró nada.

Sergio Millares Cantero es historiador

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Unas conclusiones decepcionantes

Los puntos aprobados por el Parlamento español fueron siete:

  1. Hace referencia a la “deficiente” situación socioeconómica de Tenerife; constata el “clima de disgusto en amplias capas de la sociedad” y “la intranquilidad por actividad terrorista”, y sugiere la adopción de medidas para “la potenciación económica de Canarias”.
  2. Dice que “pequeños grupos automarginados (…) tratan de aprovechar la situación de disgusto, provocando actuaciones desestabilizadoras” y pide a los partidos políticos y a la población de Tenerife que colaboren con las autoridades para desenmascararlos.
  3. Sugiere a todos los partidos que tomen conciencia para apoyar a las Islas Canarias y equiparar su situación económica a la del resto del Estado.
  4. Mayores dotaciones a las fuerzas de orden público y, en especial, a la Guardia Civil.
  5. Que se sancione por la vía judicial a los culpables por responsabilidades penales.
  6. Que se realice una investigación pormenorizada y por la vía disciplinaria se exijan responsabilidades personales por los acontecimientos del día 12, 13 y 14 de diciembre de 1977.
  7. Que el Gobierno presente las leyes pertinentes en materia de orden público, siguiendo los pasos marcados por los pactos de La Moncloa.

De los siete puntos aprobados sólo se citó a la Guardia Civil en el cuarto para reclamar una mayor dotación de sus medios antidisturbios. No hay más referencias al principal protagonista de los sucesos del 12 de diciembre. En cambio, en el segundo se hace hincapié en que ese día actuaron grupos desestabilizadores, con lo que se abonó hábilmente la tesis del arma de fuego disparada desde el lado de los que protestaban. No se hicieron referencias a los más de 200 disparos realizados ni sobre quién los hizo. Se instó, en el punto quinto, a una investigación judicial, cuando la Capitanía General de Canarias había ya dado el carpetazo al asunto desde el 11 de marzo de 1978. Se habla de sancionar responsabilidades personales, sugiriendo la posibilidad de la extralimitación, pero no se avanza más allá de esta sugerencia implícita y nunca establece responsabilidades colectivas o derivadas de la obediencia a órdenes superiores.

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