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Canarii 11 - Tema Central

Javier Fernández Quesada: crimen sin juzgar

Las víctimas de la transición

Mucho se ha hablado de la transición política de España como de un modelo. Y la particularidad del modelo español radicó en el compromiso, el acuerdo y la negociación entre las fuerzas democráticas y las que estaban enquistadas en los aparatos del Estado franquista. Pero esta denominada ruptura pactada o evolución negociada dejó olvidada en la cuneta a numerosas víctimas. Una de ellas fue Javier Fernández Quesada.

Debemos caracterizar aquellos años y esforzarnos por establecer sus elementos definidores más importantes. Uno de ellos es el de la violencia producida por los aparatos del Estado más refractarios a los cambios democráticos, fundamentalmente instalados en el seno del Ejército y en las fuerzas de orden público, que tenían como arietes a grupos paramilitares, y también por los muertos ocasionados por los atentados de grupos terroristas de ultraizquierda como ETA, Frap y Grapo.

Éxito relativo

El historiador francés Pierre Vilar, en su magnífica síntesis sobre la historia de España, relativiza el éxito del proceso democrático español aludiendo precisamente al elevado número de muertos que dejó en la cuneta, hecho que contrasta con la casi incruenta revolución portuguesa del 25 de abril de 1974. Recordemos, para ejemplificar lo anterior, la masacre de cinco obreros en Vitoria y el asesinato de dos carlistas a manos de ultraderechistas en Montejurra en 1976; el asesinato de los abogados laboralistas de la calle Atocha en Madrid en 1977 y un sinfín de acontecimientos con resultado de muerte en la geografía española. Y para no alejarnos mucho, en Tenerife, también hubo asesinatos, como el del obrero Antonio González Ramos en 1975 debido a las torturas que sufrió en la comisaría de policía a manos del célebre inspector Matute, o la del joven Bartolomé García Lorenzo, acribillado a balazos en su casa del barrio santacrucero de Somosierra por unos celosos inspectores de policía.

Las resistencias eran serias y poderosas, como se vería con el llamado “ruido de sables” a lo largo de estos años y que culminó con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Es, pues, en el seno del estamento militar donde están situadas las mayores y más poderosas resistencias con respecto al modelo democrático español, y eso que la Constitución de 1978 les atribuía, en cierta medida –y les sigue atribuyendo–, un papel de garante de la unidad de España, pese a tener una posición formalmente subordinada frente al poder civil. Pero aun así, el descontento crece entre los militares más apegados al antiguo régimen, espoleados por los atentados de una ETA reconstruida contra elementos significativos del Ejército.

Las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, los pactos de la Moncloa en septiembre del mismo año, suscritos por las principales fuerzas parlamentarias y, finalmente, la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978 son acontecimientos cruciales y marcan un antes y un después en el proceso de consolidación democrática. Analizar esta etapa de la transición es crucial porque coincide con el asesinato de Javier Fernández Quesada. La senda trazada por las fuerzas provenientes del franquismo y las de la oposición democrática no admitía salirse del guión pactado, un guión que obligaba a las fuerzas de la izquierda a moderar sus reivindicaciones sociales, aceptar la contención salarial y desalojar la calle, pero también obligaba a los herederos del aparato del Estado franquista a desembarazarse del concepto de guardia pretoriana de las esencias patrias y aprender a convivir en un marco de pluralidad y expresión libre de las ideas, supeditados al poder civil democrático. Este consenso, pues, marcaba la senda de la que no se podía salir. El caso de Javier Fernández Quesada fue uno de los muchos que puso en cuestión este planteamiento y la investigación parlamentaria que se produjo después de su asesinato nos mostró el lado más miserable de la transición.

Canarias conflictiva

La crisis económica mundial de los años setenta había golpeado las Islas de una manera importante, castigando a los sectores más desfavorecidos de la población y a unas capas medias que acusaron una merma en sus ya escasos recursos económicos. Al descontento social se le une una situación complicada en el plano internacional, como consecuencia de la polémica descolonización del Sahara español y su entrega a Marruecos. A esta conversión en territorio-frontera se le une, además, un factor distorsionante dentro del esquema político previsto; a saber, el surgimiento de grupos autodeterministas e independentistas canarios.

Como consecuencia de la crisis económica que azota a Canarias, la conflictividad social es muy acusada en los años setenta. Como botón de muestra, se puede citar la que existía en Tenerife a fines de 1977, justo en las fechas del acontecimiento luctuoso: un conflicto en el transporte interinsular de viajeros que afectaba a cerca de 1000 trabajadores; otro de obreros tabaqueros que, desde mediados de noviembre de ese año, afectaba a unos 4000 trabajadores, también en el Puerto con los empleados del sector del frío. Esos eran los tres conflictos principales y por los que determinados sindicatos minoritarios de signo autogestionario y algunos incluso independentista convocaron una huelga general para el 12 de diciembre, movilización que no tuvo el seguimiento que esperaban sus convocantes, pues sólo se unieron a ella los estibadores del puerto de Santa Cruz y los empleados de la Caja General de Ahorros, aparte de barricadas en la autopista y en las cercanías de la Universidad de La Laguna, con lanzamientos de piedras y otros objetos por parte de núcleos de estudiantes y obreros a las fuerzas de orden público. El recinto universitario, a lo largo de toda la transición, se había convertido en una campana de resonancia de los conflictos sociales, en cuyo interior había cobijado y brindado protección a todos aquellos grupos que deseaban que sus opiniones y problemas tuvieran un cierto eco en la sociedad.

Los disparos contra la Universidad por parte de un destacamento de la Guardia Civil aquel 12 de diciembre supusieron algo más que la muerte de un joven estudiante. Supusieron la muerte de un espejismo, el de creer que un puñado de estudiantes y obreros radicalizados podían cambiar sustancialmente la realidad de una transición cuyos márgenes ya estaban establecidos y fuera de los cuales no se podía transitar a costa de pagarlo caro. Los asesinos del espejismo también se salieron de los márgenes pactados, pero desde la óptica del poder estaba más que justificado y por eso fueron protegidos. Unos más que otros, pero todos los que propugnaron este modelo de transición de la dictadura a la democracia fueron cómplices del silencio que se estableció tras la muerte de Javier Fernández Quesada.

Sergio Millares Cantero es historiador

Imágenes

Un tal Mardones

Cuenta el psiquiatra Carlos Castilla del Pino en su ‘Autobiografía’ que, a principios de los sesenta, probablemente en 1962 o 1963, José Aumente participaba en un ciclo de conferencias en Córdoba organizado por los jesuitas. Mientras ésta se desarrollaba, con los circunloquios, metáforas, analogías y demás habilidades retóricas para sortear la dura censura franquista, se levantó de entre el público “un tal Mardones, estudiante de Veterinaria y jefe del SEU en Córdoba, que, a voz en grito, declaró no estar dispuesto a seguir oyendo tales cosas que en aquel mismo instante quedaba suspendida la conferencia. Se hizo un silencio absoluto. Aumente recogió sus folios, los introdujo en su cartera, se levantó y se dispuso a salir. En medio de la sala sobresalía Mardones, de pie, con aire amenazador, desafiante y chulesco (falangista)”.

No es que no creamos en las rectificaciones y en las evoluciones personales, al contrario, nos felicitamos de ello, pero la historia es la historia; no podemos maquillarla ni amañarla. De joven se puede ser una cosa, de adulto otra y de viejo otra diferente; pero para hacer una biografía debemos tener en cuenta todas ellas.

Y la semblanza de Mardones es la de muchos que empezaron de falangistas ultras y terminaron de demócratas, unos más auténticos que otros, naturalmente. Fueron cuadros políticos, formados en el seno del mundo sociológico franquista, que terminaron años después siendo cargos importantes en los ministerios, diputados elegidos por sufragio universal y gobernadores civiles. La UCD o AP estaba para eso, para ofrecer una palanca de lanzamiento a todos aquellos cargos que en la transición política a la democracia transmutaron su traje ideológico.

Probablemente, la trayectoria posterior de Luis Mardones sea todo un modelo de talante y comportamiento democrático, pero analicemos su actuación en un determinado momento, el momento del asesinato de Javier Fernández Quesada. Por entonces, Mardones era Gobernador civil de Tenerife y, por tanto, máximo responsable de las fuerzas de orden público en la provincia, incluso de la Guardia Civil que disparó más de 200 balas contra la Universidad de La Laguna. Hay muchos interrogantes con respecto a su actuación ese día y posteriores. En la comisión de investigación parlamentaria hizo hincapié en la conflictividad social de Tenerife y en la convocatoria de huelga general para el día 12, pero en cuanto a la intervención de las fuerzas a sus órdenes sólo hay dudas e interrogantes. ¿Estaba o no estaba a sus órdenes la Guardia Civil? ¿Se dirigió en algún momento la Guardia Civil a su gobernador civil para recibir instrucciones?

Después de varias llamadas de teléfono del rector de la Universidad, Mardones accede finalmente a retirar a la Policía Nacional de las inmediaciones del recinto universitario, pero ¿por qué no se retiró también la Guardia Civil? ¿Estaba fuera del control civil? ¿A quién obedecía? ¿Qué hizo Mardones para averiguar la verdad sobre los hechos? ¿Por qué no investigó de manera autónoma y determinó responsabilidades? ¿Hubo contactos con la Capitanía General de Canarias o recibió Mardones presiones de los estamentos militares para que no se investigara? Hace unos días el Sr. Mardones dijo que nunca se demostró que la Guardia Civil matara a Javier Fernández Quesada, y es verdad que nunca se demostró, porque no se quiso. Él mismo, como responsable de todas las fuerzas de orden público, estaba no sólo en condiciones, sino que tenía la obligación de determinar la verdad y no lo hizo. Pudo hacer otra cosa: dimitir. Pero tampoco lo hizo. Quizá, lo único que podría hacer ahora es dirigirse a la familia del estudiante asesinado, mirarles a los ojos y explicarles por qué nunca se demostró que la Guardia Civil había matado a Javier.

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