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Canarii 11 - Entrevista

Declaraciones del socialista Néstor Padrón, miembro de la ponencia que investigó la muerte de Javier Fernández Quesada

Néstor Padrón Delgado: "La investigación del Congreso no sirvió para nada, todo fue enterrado”"

El veterano militante del PSOE Néstor Padrón Delgado fue diputado por Tenerife en varias legislaturas. La primera coincidió con los sucesos de diciembre del ’77, de los que fue observador privilegiado, pues representó a su partido, junto al también socialista Luis Fajardo, en la Comisión de Investigación nombrada por el Congreso de los Diputados.

¿En su opinión, sirvió para algo la Comisión de investigación del Congreso?

No, por supuesto que no. No sirvió para nada, primero porque en las comisiones de investigación siempre lo que se aprueba al final es lo que dice el grupo mayoritario y la mayoría la tenía el partido del Gobierno, que impuso las conclusiones que quería y que eran muy generalistas, sin entrar en la profundidad del problema. No se trataba solamente del comportamiento de la Guardia Civil y de la responsabilidad que tuvo en el asesinato de Javier Fernández Quesada, por la utilización de unos medios completamente desproporcionados para disolver a unos manifestantes que, de acuerdo con los testigos que comparecieron, integraban un grupo muy disperso que no llegaba a cien personas; además, y la investigación de este hecho era también un objetivo de la Comisión, se había producido una gran alarma social como consecuencia de la actitud de la brigada especial que mandó llamar el entonces gobernador civil de Tenerife, Luis Mardones, y que se dedicó a dar leña, literalmente a dar leña, de manera indiscriminada. Así, en comparecieron ante la Comisión familias, personas nada sospechosas de hablar en términos exagerados con intencionalidad política, ciudadanos normales, vamos, que denunciaron haber sido golpeados con saña por la policía sin ningún motivo y haber sufrido incendios en sus viviendas por los botes de humo que tiraron a los balcones de las casas. Como consecuencia de esas acciones que duraron dos o tres días se produjo un gran temor en una parte de la población de La Laguna.

Se rumoreó por aquellos días que el entonces capitán general Mateo Prada Canillas, que no era precisamente un liberal, estaba detrás de la actuación de la Guardia Civil. ¿No cree que esos rumores, como recoge un periódico de Tenerife hoy mismo, podrían estar relacionados con la presencia de un alto cargo militar en la Avenida de La Candelaria, donde estaban estacionados los guardias civiles que minutos después entraron disparando en el campus universitario?

No me atrevo a hacer una afirmación categórica al respecto, pero no sería extraño, porque la dependencia en aquélla época de la Guardia Civil respecto al estamento militar era mucho más fuerte que ahora. Además, hay otra circunstancia, había una situación tremenda de conflictos sociales y laborales, una crisis generalizada y había sindicatos y agrupaciones políticas que hablaban claramente de la independencia como solución. Fue la época de los atentados del MPAIAC y el estamento militar estaba alarmado. Hay que considerar la mentalidad de los militares de entonces; adoctrinados en el régimen dictatorial, se creían los guardianes del orden y los garantes de la unidad de la patria y de la seguridad… En fin, no sería extraño que hubiera habido unas directrices militares. No sería nada extraño.

¿Considera usted que el gobernador civil, Luis Mardones, estaba al tanto de lo que iba a pasar e incluso participó autorizando o dando órdenes al respecto, o fue sorprendido por el hecho consumado de la Guardia Civil? En una palabra, al margen de la responsabilidad política genérica que podía tener, ¿se le puede achacar alguna responsabilidad más concreta?

Hombre, yo sé que ese día fuimos convocados en el Gobierno Civil todos los diputados y senadores de Tenerife y vimos a Mardones bastante consternado por lo que había ocurrido, incluso recuerdo que alguno de los miembros de UCD, no sé si Esther Tellado o María Dolores Pelayo, que era senadora entonces, dijo: “ahora me gustaría a mí estar en la oposición”. Todos parecían muy preocupados por las consecuencias del asesinato. No puedo asegurar si el gobernador estaba o no al tanto, pero es posible que sus poderes fueran más limitados de lo que creemos y que al final se impusieran consignas venidas directamente del ministerio del Interior o de la propia Capitanía General, más que del Gobierno Civil. No estoy seguro.

De todas maneras, lo que sí hizo Mardones después fue cerrar filas con la versión oficial, que sigue manteniendo hasta ahora, ahí están sus recientes declaraciones. Miró para otro lado e hizo propia la versión de los hechos que le dio la Guardia Civil.

Sí eso es cierto, y fue inconcebible y reprobable

En una de las comparecencias del gobernador ante la Comisión su compañero Luis Fajardo le hizo varias peticiones, entre ellas el informe de la autopsia del chico, también los nombres de los guardias civiles que participaron en los hechos y un informe de balística… ¿Se les dio alguna documentación al respecto?

No, no se hizo. Todo fue enterrado, se abrió un sumario civil por un juzgado de La Laguna, que enseguida se inhibió a favor de un Tribunal Militar y allí se enterró todo.

El gobernador dijo que no se hizo informe de balística porque no se encontró el proyectil que mató al estudiante, pero las paredes de la Universidad estaban llenas de impactos y los testigos recogieron un montón de casquillos. Por ellos se podía saber si quienes dispararon fueron los guardias o si hubo algún francotirador, como se llegó a decir por ellos mismos.

La hipótesis de un francotirador no se sostiene bajo ningún punto de vista. Es evidente que intencionadamente o por error fue alguno de los guardias el que mató al estudiante.

Una de las cosas que más me ha extrañado es que los responsables de la Administración testificaran por escrito, mientras que todos los demás, incluido el Rector de la Universidad lo hiciera de viva voz. ¿Por qué admitieron eso?

En esa época, estamos hablando de enero del ‘78, me parece que todavía no existía un reglamento del Congreso y, por tanto, del funcionamiento de las comisiones que se crearan en su seno. Además, seguramente los representantes de UCD y AP, que eran la mayoría, no querían poner en un aprieto a los altos cargos militares y policiales que habían pedido testificar por escrito, valiéndose de su fuero y cosas así. Lo peor no fue eso, sino que tampoco pudimos hacerles preguntas orales, que seguramente les hubieran puesto en evidencia.

Leyendo las actas se nota que los representantes de UCD y AP en la Comisión eran los que más hincapié hacían en la posibilidad de que hubiera armas entre los que protestaban o de que hubo disparos de otras personas aparte de los guardias.

Hombre, claro, intentaban crear confusión. El que llevaba la voz cantante en UCD era Martínez Villaseñor, que era diputado por Guadalajara y había sido procurador franquista en no sé cuántas legislaturas, después estuvo en el PP… Él controlaba a los otros y procuraba que las cosas no se les desmandaran.

Como conclusión general ¿cómo estima usted que influyeron estos hechos en la evolución posterior de la política canaria? Aparte, naturalmente de la tragedia en sí que fue la muerte del estudiante.

La verdad es que este caso no supuso en Tenerife pérdida de votos al grupo gobernante, la UCD. Volvió a ganar las elecciones del ‘79, sacó cinco diputados por los dos del PSOE, Luis Fajardo y yo. Creo que no se puede negar, por lo menos al presidente Suárez, la voluntad de sacar al país de un régimen dictatorial y conducirlo hacia una democracia más avanzada. Costó caro, pues las viejas fuerzas, los poderes fácticos como se decía entonces, no se resignaban. En Canarias sufrimos no sólo este asesinato, pues el año anterior se había producido también la muerte por disparos de la policía de un muchacho, Bartolomé García Lorenzo, hijo precisamente de un guardia civil, que fue confundido con “El Rubio”, un conocido delincuente de la época, y en el ‘75 el asesinato del obrero Antonio González Ramos a manos del comisario Matute. Teníamos una policía y unos militares que actuaban de acuerdo a unos criterios mamados en la dictadura. Todo eso culminó en el intento de golpe militar del año ‘81 y en la serie de conspiraciones que lo precedieron. Fueron unos años muy difíciles, pero lo que está claro y es evidente es que las responsabilidades en el caso de Javier Fernández no se depuraron y, para más inri la familia ha sido olvidada recientemente en el momento de establecer el hecho histórico de haber sido una víctima de la dictadura.

Julián Ayala Armas es historiador

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