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Canarii 11 - Editorial

Tres décadas esperando justicia

Tres décadas esperando justicia

Aquel fatídico 12 de diciembre de 1977 le pudo pasar a cualquiera, pero le tocó a Javier Fernández Quesada. Una de las más de 200 balas que la Guardia Civil disparó contra la Universidad de La Laguna mató a este estudiante de Biológicas que ese día había acudido al centro para hablar con uno de sus profesores y que se había incorporado a los grupos de estudiantes que protestaban. En la escalinata de acceso al recinto universitario, fue alcanzado por una bala en el pecho, a la altura del corazón. Sólo dio tiempo para que otros estudiantes lo introdujeran en el vestíbulo principal; murió casi instantáneamente.

En nuestro tema central hemos querido ocuparnos de las circunstancias de la muerte de Javier a la luz de una nueva documentación que hemos podido utilizar y que nunca antes había sido analizada: se trata de las Actas de la Comisión de Encuesta que formó el Congreso de los Diputados, formada por parlamentarios de las cuatro principales fuerzas políticas: UCD, AP, PSOE y PCE. Dicha Comisión se trasladó a Tenerife a investigar ‘in situ’ lo que había ocurrido, comenzando sus labores el 17 de enero de 1978, más de un mes después de la muerte de Javier. Después de numerosas sesiones con testigos presenciales, mandos de las fuerzas de orden público y distintas autoridades, el 29 de junio de 1978 la ponencia llevó sus resultados a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, que, a puerta cerrada, redactó unas conclusiones que eximían de responsabilidades concretas a los autores y responsables del asesinato. Paralelamente, el Juzgado nº 2 de La Laguna había iniciado la tramitación de una causa, pero inmediatamente fue traspasada a la jurisdicción militar; se declaró el secreto sumarial y se sobreseyó el asunto. Quedaban cerradas las vías política y judicial. ¿Caso cerrado?

El presente número de Canarii ofrece la información que en aquellos instantes se ocultó y dejó impune el asesinato de Javier Fernández Quesada. Era el momento de las primeras elecciones democráticas, celebradas el 15 de junio de 1977, en pleno proceso de transición política aún muy mediatizada por los poderes fácticos herederos del régimen dictatorial anterior. Las amenazas internas que la frágil transición española recibía sirvieron de coartada para los que miraron hacia otro lado y no quisieron llevar el asunto hasta el final para dilucidar las responsabilidades pertinentes. El Estado democrático recién alumbrado nacía preso del pasado y en sus primeros pasos dejó sin juzgar un crimen ominoso. Es indudable que, más de treinta años después, el caso no está cerrado, tampoco desde la óptica ética y moral. Todos se lo debemos a Javier y a su familia. Los documentos de la comisión de investigación creada en el Congreso salen a la luz en esta revista tras ser desclasificados como secretos. De ahí que Canarii haya podido acceder a una copia de toda la documentación para elaborar y que ustedes juzguen lo que en su momento fue premeditadamente ocultado.

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