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Canarii 12 - Opinión

La Corona castigó a la población insular con su traslado forzoso al mundo americano a cambio de la continuidad del régimen de comercio del Archipiélago con América

El mito del tributo de sangre en la emigración canaria

Uno de los mitos más arraigados en la historia de la migración canaria es el concerniente a la época del llamado tributo de sangre, una etapa de nuestra historia moderna en la que la Corona castigó a la población insular con su traslado forzoso al mundo americano a cambio de la continuidad del régimen de comercio del Archipiélago con América. Pilar teórico que justificaba tal concepción es la célebre Real Cédula de 1678 por la que por cada mil toneladas de productos canarios concedidos, se obligaba a los canarios a enviar en tales buques cincuenta familias.

Sin embargo, esa interpretación simplista no resiste ni el más mínimo análisis riguroso ni su traslación a la realidad histórica. En primer lugar, porque esa propuesta partió no de la imposición de la Monarquía sino de las propias elites dirigentes canarias que querían garantizar con ello la continuidad de su régimen mercantil privilegiado, la única excepción al monopolio sevillano, e incluso hegemonizar el tráfico de un territorio con una compañía privilegiada, en una época de contracción de la economía insular, con la pérdida del mercado colonial portugués del vidueño, tras la Emancipación de ese país y de riesgo de sobrepoblación. Las clases dominantes insulares fueron conscientes de la posibilidad que se les abría de vincular la continuidad de su estatus con las necesidades de la Monarquía de poblar unos territorios prácticamente vacíos como los caribeños y en grave riesgo de perderlos. En 1663 el Capitán General Quiñones había propuesto al Consejo de Indias el envío de familias para poblar Santo Domingo y otras plazas americanas. En 1670 el cabildo de Tenerife solicitó a su diputado en la Corte la gestión de la continuidad de su permisión y una licencia para que cada diez años pudieran salir de Tenerife hasta 100 familias a poblar Santo Domingo, a las que se les debía de dar repartimiento de tierras.

En segundo lugar los navieros que trasladaban en sus buques las familias quedaban exentos del impuesto de la avería. Pero no era obligatorio, los que no lo hacían simplemente lo sufragaban, como se hizo en múltiples ocasiones en destinos ventajosos como los de La Guaira, donde era mucho más rentable la carga o cobrar el pasaje de las familias que lo pagaban y que iban directamente allí, que hacer escala en Puerto Rico o Santo Domingo, que eran el destino preferente de tales familias. De hecho las clases dirigentes insulares mostraron su desacuerdo cuando éstas fueron trasladadas por comerciantes sevillanos a cambio de privilegios mercantiles y el título de Gobernador, como acaeció con las que en 1684 y1685 trasladó Ignacio Pérez Caro. Sólo entonces hablaron de despoblación. Ellas querían participar activamente de ese pastel y de los privilegios que conllevaba y no que cayesen en manos de foráneos.

En realidad, hasta el reglamento del comercio canario-americano de 1718 el grueso de las familias emigradas no fue trasladada por esa vía, sino por particulares a cambio de privilegios, como acaeció con las cien familias llevadas a Rosario de Perijá por Juan Chourio, o lo hizo por su propia cuenta a destinos que consideraba ventajosos como Cuba o Venezuela. De nada servía el pago del pasaje si la Corona no invertía en la fundación de pueblos, en los utillajes para sus pobladores y en su alimentación durante los primeros meses. Hasta tales fechas no invirtió en tales desembolsos y lo hizo recaer sobre los privilegiados o sobre los pueblos ya establecidos.

A partir de 1718 La Corona decidió afrontar los costes del poblamiento de Puerto Rico y Santo Domingo, y en menor medida del Oriente venezolano con recursos procedentes de México, que lo financiarían. De esa forma arribaron familias que erigieron los pueblos de la costa y del interior de ambas islas y que prosperaron con el comercio de contrabando tanto con el Santo Domingo francés, como con otras colonias extranjeras. El pasaje fue un negocio para los navieros, porque una parte significativa de él fue pagada y no financiada con cargo a la exención del impuesto de avería. Hasta tal punto tenían claro las ventajas de ese recurso para sus intereses que promovieron la ampliación de su comercio hacia el Río de la Plata a cambio de trasladar familias a la fundación de Montevideo, como acaeció en 1728 y 1729, donde 50 de ellas dieron pie a la capital del Uruguay. Sin embargo, las presiones del monopolio sevillano prohibieron en ese año tal tráfico y por consiguiente dejaron de arribar. Precisamente sólo protestó con el traslado de las conducidas a la Península de Florida por la Compañía de La Habana si no eran enviadas en sus buques, pero les dio su beneplácito cuando ésta les abonaba su pasaje.

En tercer lugar ningún emigrante fue obligado a trasladarse por la fuerza. Es más, lo que lo hicieron fueron personas desarraigadas y pobres sin conexiones en América, que vieron en el pasaje gratis y la concesión de tierras la consecución de su sueño de acceder a ser hacendados. Por ello completaron las familias mujeres solteras con hijos ilegítimos. Fueron mucho más numerosos lo que lo hicieron por su cuenta, ayudados por redes de parentesco o de vecindad, que los introducían en medios como el venezolano o el cubano, donde había grandes expectativas de futuro. Además había plena conciencia tras los primeros viajes de a donde se iba y que perspectivas se le ofrecían. De ahí que acudieran por su cuenta a Santo Domingo, al reactivarse su economía con el tráfico fronterizo.

Con la instrucción de libre comercio de 1765, que abría al comercio peninsular el ámbito antillano, cesó el traslado de familias con cargo a los navieros. Éstos, ante la pérdida de rentabilidad de su tráfico, paradójicamente convirtieron a los pasajes en su fuente primordial de financiación. Por otro lado, la Monarquía, como sucedió con las trasladadas a la Costa de los Mosquitos en Honduras o a La Luisiana, siguió financiando su embarque e instalación en el Nuevo Mundo.

Manuel Hernández González es profesor titular de la ULPGC

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