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Canarii 15 - Tema Central

La trágica historia de Luis de Armas (1511-1515)

Conflictos por el agua en Gran Canaria tras la conquista

La abrupta orografía canaria impuso la ejecución de las infraestructuras necesarias para llevar el agua allí donde se encontraban los ingenios de fabricación de azúcar. El coste de las acequias y canales era tan elevado que eran pocos los que podían afrontarlo: financieros italianos y castellanos y grupos de copropietarios asociados, se hicieron en poco tiempo con el dominio útil de las corrientes de agua existentes en las Islas. Sin embargo, el aprovechamiento del agua no era perfecto y se perdía en los barrancos y en el mar. El intento de recuperación de estos sobrantes por parte de varios pobladores y los conflictos que se generaron con los poseedores del agua es el objeto de nuestro estudio.

Sin la existencia de un precedente claro, y por causas que trataremos de desgranar, los monarcas castellanos, mediante provisión fechada el 14 de abril de 1511, otorgaron al vecino de Gran Canaria Luis de Armas una merced extraordinaria para el momento, la propiedad de un tercio de todas las aguas desaprovechadas que hubiera en la Isla y él pudiera utilizar. Los otros dos tercios corresponderían a la Corona.

La amplitud de esta donación perjudicaba, al menos en teoría, a los integrantes de las comunidades de riego quienes se opusieron a que el aprovechamiento se efectuase antes de que el agua abandonara las zonas de riego, pero el beneficiario consiguió que la medida se aplicara desde los nacientes.

Sin embargo, el problema inherente a este tipo de merced era su inconcreción, y ello en un doble sentido. Por un lado, por el origen de las aguas objeto de aprovechamiento, ya que no era lo mismo desviarlas después de haber pasado por los heredamientos ajenos que antes. Y por otro, porque la merced se hacía extensiva a que le entregaran las tierras correspondientes que pudiera regar con el agua recuperada. Da la impresión de que el gobernador, por su facultad de repartir tierras, debía verse obligado a entregar todas aquellas tierras que Luis de Armas fuera capaz de regar.

Luis de Armas, perteneciente a una familia arraigada en Lanzarote años atrás, aparece en la documentación a raíz de la llegada del gobernador Lope de Sosa a Gran Canaria. Este gobernador, que se mantuvo en el cargo más de doce años, se “aficionó”, como se decía entonces, a la Isla. A pesar de tenerlo prohibido por la normativa legal del reino, Lope de Sosa, siendo consciente de las oportunidades económicas que se daban entonces, no dudó en comprar tierras de regadío, plantar cañas y levantar un ingenio de fabricación de azúcar propio. El negocio del azúcar comenzaba a ser muy importante en la primera década del siglo XVI y Sosa no perdió la oportunidad que se le brindaba estando en una posición de dominio que utilizó en su propio beneficio en multitud de ocasiones. El gobernador vio en las aguas perdidas una oportunidad de medrar en su provecho y así, en la construcción de su ingenio debió entrar en contacto con Luis de Armas, y posiblemente entre ambos llegaran a la conclusión de que la mejor manera de regar las nuevas propiedades era echando mano de las aguas sobrantes de los cauces de la Isla.

No es casual que durante una estancia temporal de Sosa en la Corte de Castilla en 1511 fuera cuando se emitió la primera provisión de merced de las aguas perdidas a favor de Luis de Armas. Según se manifiesta en un documento fechado pocos años después, Luis de Armas era “pariente” de Lope de Sosa.

Pero si quedaba alguna duda de quién estaba detrás de la merced de las aguas perdidas, comprobamos como apenas al día siguiente de emitida dicha merced, por parte de los monarcas se otorga otra en la que hacen uso de los dos tercios correspondientes a la Corona dando una merced de tierras y aguas en Gran Canaria a favor del mismo Lope de Sosa.

Concretamente, el 15 de abril de 1511 se le concedían cuatro caballerías de tierra con agua, y en este caso, al ser el beneficiario el gobernador, la orden iba dirigida al alcalde mayor.

Lope de Sosa, para conseguir tal merced tuvo que desplegar todas sus influencias cortesanas, y es bien sabido que los favores se pagan con otros favores y, casi con toda seguridad, podemos afirmar que el gobernador grancanario dio a conocer las posibilidades que las nuevas aguas a explotar ofrecían en Gran Canaria a los consejeros de quien esperaba la gracia. Así, al mismo tiempo que a Sosa, los monarcas otorgaron otras tierras en la Isla a varios miembros del Consejo Real.

La adjudicación de estas aguas perdidas como propiedad privada a Luis de Armas trajo consigo, desde los primeros momentos, una serie de litigios entre el nuevo propietario y los anteriores adjudicatarios de tierras por el agua necesaria para las mismas. Muchos se vieron afectados y reclamaron la protección de sus derechos ante el propio Lope de Sosa, pero no siempre vieron satisfechas sus demandas, por lo que tuvieron que apelar a instancias superiores dada la patente parcialidad del gobernador en cuanto atañía a Luis de Armas. De los conflictos que la actuación de Luis de Armas suscitó en muchos vecinos de Gran Canaria propietarios de heredamientos afectados por la merced regia, han llegado noticias de al menos ocho procesos judiciales impugnando las actividades de Armas.

En septiembre de 1513, los monarcas resolvieron enviar un juez especial con poderes de gobernación para realizar el correspondiente juicio de residencia a Lope de Sosa, que quedó suspendido en el cargo durante su tramitación. El elegido era el licenciado Sebastián de Bricianos, que llegó a la Isla a principios de 1514. Con el cese de Lope de Sosa perdió Luis de Armas su principal apoyo en Gran Canaria y a partir de ese momento los problemas se multiplicarían progresivamente. La protección de las autoridades locales si no desapareció, al menos no volvió a ser la misma que antes.

Volviendo a Luis de Armas, sabemos que en 1513 volvió a la Corte a quejarse de la fuerte oposición que los vecinos de Gran Canaria le hacían a su trabajo. Fruto de esta nueva estancia en el entorno real se emitió otra provisión por la que se reafirmaba la merced de las aguas perdidas en Gran Canaria en los términos concedidos, especificándose claramente que también se incluían en ellas las aguas sobrantes desde sus nacientes.

A finales de 1514, dada la falta de apoyo de los principales jueces de Gran Canaria y Tenerife, Luis de Armas se vio abocado a volver a pedir el amparo de los monarcas. La oposición desplegada por los vecinos afectados contra sus pretensiones y el elevado número de pleitos que se revisaban en apelación en el Consejo Real aconsejaban otro viaje a la Corte. Una vez allí y fruto de sus gestiones obtuvo varias provisiones reales, fechadas en febrero de 1515. Por una de ellas conocemos su denuncia, basada en que él “ha sacado e aprovechado e fecho sacar algunas açequias de agua, e que algunas personas por henemistad e odio que con él tienen a cabsa de lo susodicho le han quebrado algunas de las dichas açequias, e que se teme que le quebrarán las que de aquí adelante sacare”. En contestación a lo planteado, la Reina ordenó al gobernador que se informase de los hechos y protegiera las obras de Armas.

Luis de Armas no tuvo oportunidad de presentar en Canarias las nuevas cartas que portaba. En el camino de regreso, cuando iba a embarcarse en los puertos andaluces, cayó muerto en el Puerto de Santa María en una reyerta entablada con uno de sus enemigos, Juan de Ciberio, hijo de Catalina Guerra, con quienes tenía varios pleitos pendientes de finalización por el asunto de las aguas.

La concesión a Luis de Armas es el primer ejemplo en las islas de realengo en que se concede el agua como bien principal, separado de la tierra y, podemos afirmar que Luis de Armas fue el iniciador de este negocio que ha llegado a ser uno de los más lucrativos de las islas.

Mariano Gambín García es licenciado en Historia por la ULL

Imágenes

El agua de la mina de Tejeda

El primer caso de privatización de aguas del que tenemos referencia documental, se dio en Gran Canaria. La Corona concedió al concejo grancanario el 26 de julio de 1501 por carencia absoluta de fondos municipales o de propios, licencia para disponer del agua de la mina de Tejeda. El planeamiento del Concejo se basaba en la necesidad de acrecentar los bienes de propios y así lo solicitó a la Corona.

Como el coste de la obra ascendía a 250.000 maravedíes, cantidad inalcanzable para el Concejo, se proponía la solución de que “algunas personas dizen que tomaran a su cargo de traer la dicha agua a su coste, con tanto que les den la mitad dellas con tierras para que se aprovechen…”. En respuesta a la petición concejil, los monarcas autorizaron la conversión de las citadas aguas realengas en concejiles. Asimismo, otorgaron poder al Concejo para que la ejecución de las obras se realizase mediante el establecimiento de una tasa especial llamada sisa, o a través de la adjudicación de las obras a un particular, siempre que el caudal de agua que éste obtuviera a cambio no superara la mitad del total. Dado que la sisa era siempre impopular, el Concejo optó por conceder la obra a uno de los vecinos.

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