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Canarii 15 - Tema Central

La propiedad y el uso del agua provocaron varios motines y conflictos sociales en las sslas

Conflictos sobre el agua en Canarias

Los motivos por los cuales, a partir del siglo XVIII, se produjeron en las islas Canarias numerosos conflictos relacionados con el uso y propiedad del agua, pueden ser explicados por el cambio del sistema económico y los nuevos usos.

La primera perspectiva es la que tiene que ver con el momento histórico que hace referencia a la ruptura del sistema económico y social del Antiguo Régimen a mediados del siglo XVIII y principios del XIX, en cuyo espacio de tiempo se producen diez motines en torno al agua que representan el 17,2% de los conflictos sociales registrados. Le sumamos a esto los cambios en la actividad agrícola, las sequías y las continuas intenciones de la oligarquía por convertirse en la única propietaria de las aguas.

La segunda perspectiva que nos ayuda a comprender las causas de los conflictos en torno al agua, se refiere a la relación de éstos con las formas de uso de los recursos hídricos. Estos diferentes usos del agua generaron enfrentamientos diversos, caracterizados principalmente por la usurpación de los recursos mencionados. El desarrollo del conflicto empezaba con el litigio administrativo, el cual favorecía la aparición de motines y levantamientos en los momentos en los que se materializaban las sentencias, normalmente en forma de rotura de acequias y albercones. Por su parte, la principal causa de conflicto en el siglo XVIII ha sido la usurpación de agua, que se concretaba desde su forma más sencilla robando del propio caudal, hasta la más compleja, ya en el siglo XX, por medio de perforaciones que afectaron tanto a galerías como a nacientes.

Otra relación de datos, que justifican lo dicho, son los que tienen que ver con las épocas en las que se registran la mayoría de los conflictos (a finales de primavera y principios de verano); y, por otro lado, los que tienen que ver con los participantes de los motines y levantamientos, generalmente vecinos de localidades que se oponen a las autoridades de las aguas o terratenientes que desean ampliar sus poderes a través del litigio administrativo. Como dato interesante conviene mencionar la participación de las mujeres en los conflictos relacionados con el agua, las cuales llegan incluso a disfrazarse de hombre para participar en los mismos. El uso de las armas rústicas (garrotes, azadas, etc.), refleja, asimismo, una supuesta poca intensidad de los conflictos, pero la duración de algunos, incluso durante décadas, como el de Teror; y la existencia de víctimas mortales y del apresamiento de implicados (como en Tejeda y Artenara), muestran una lucha intensa, aunque, local y rural, por los recursos hídricos.

En definitiva, en la isla de Gran Canaria, los conflictos surgen cuando se pretende, y se consigue, romper con un derecho consuetudinario sobre las aguas de medianías y cumbres, a favor de los intereses de los grupos sociales de poder que ahora se presentan como propietarios de las tierras donde se encuentran los nacientes. Las nuevas normativas van arropando los intereses de los terratenientes que comienzan en el siglo XVIII apropiándose de las aguas, hasta llegar al siglo XIX, donde ponen en marcha el monopolio de la búsqueda de más recursos hídricos, que en esos tiempos se plantea como única salida a la nefasta gestión del agua desde los inicios de los repartimientos de tierras.

Con este proceso privatizador, que siguió a las leyes de 1866 y 1879 y que había tenido un primer empuje en las desamortizaciones, finalizan los conflictos por el agua expresados en altercados populares y pasan a convertirse por norma general en litigios judiciales, aunque con excepciones.

Algunos de los conflictos más recurrentes son los que tienen por centro a los Ayuntamientos, siendo el agua uno de los recursos más preciados, y pieza esencial de su financiación; estas instituciones actuarán como intermediarios entre partes litigantes o parte implicada directamente. A principios del siglo XX, el conflicto de “El Chorro” en Telde culminó con la adquisición municipal de las aguas que se destinaron al uso comunitario. Más longevo es el litigio en torno a la “Fuente Agria” de Teror. En 1911 el ayuntamiento de esta localidad, debe proteger el manantial de titularidad pública contra particulares que pretenden su explotación privada; entre 1968 y 1975 se verá implicado en la defensa de dicho manantial contra los pozos y galerías que drenan sus fuentes subterráneas, con éxito parcial. Otro motivo de litigio sostuvieron entre sí los ayuntamientos de Firgas y Arucas en 1938, a cuenta de las contribuciones del agua, un punto esencial para la financiación municipal y que ya tenía antecedentes en otras islas. En la misma zona en 1954 acontece el pleito entre la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas con el Ayuntamiento de Arucas, en razón del abastecimiento de agua de dicha ciudad.

Los conflictos entre Heredades y otros agentes privados serán más comunes. Las extracciones subterráneas supusieron un desafío muy importante contra los Heredamientos que levantaron queja general en 1873. Bien entrado el siglo XX estalla en Agüimes un litigio de larga duración, que se prolongará desde 1969 hasta 1982 cuando la Heredad de Los Corralillos pugne con los propietarios particulares de un pozo que drenaba las aguas de la galería de los herederos. Sin embargo, el retraso en la actuación judicial hizo que los daños fueran irreparables. En Temisas se presentan más de veinte Heredades formadas básicamente por pequeños campesinos, litigando contra Juliano Bonny en 1982 por la galería que este posee, que drena las aguas de las galerías, las cuales ya tenían abiertas los primeros. En el Carrizal, las Heredades de La Carrizalera y La Majorera se enfrentaron a particulares a causa del cambio de fuentes por crecida del barranco; este litigio implicó también a otro heredamiento, la Heredad de Agüimes, contra los del Carrizal.

Los casos más interesantes y que ejemplifican aún mejor el proceso privatizador son los que afectaron a varios grupos vecinales contra entidades privadas: particulares, Heredamientos tradicionales y Comunidades de Agua, creadas inicialmente para la captación subterránea, intentarán apropiarse de recursos considerados públicos por los vecinos, y los que daban un uso comunitario inmemorial, pero sin contar con regulación institucional.

En 1909 y 1912 acontece la defensa exitosa por parte de los vecinos de las aguas de la fuente de Tenoya, en la cual pretende un particular abrir galería. En 1927 los vecinos de La Aldea de San Nicolás vencen por fin en su largo litigio, de más de tres siglos, contra los hacendados, consiguiendo la titularidad pública de las aguas y organizándose como Comunidad de Regantes, es decir administradores de ese bien público. En 1929, sin embargo, asistimos al fracaso de los vecinos de Arbejales para defender sus derechos al uso tradicional de las aguas de su zona, cuando la Sociedad de Quiebramonte perfore una galería y entube el agua para regar fincas en Arucas, lo que secará en poco tiempo las fuentes de agua que disfrutaban los vecinos. Por último, en 1988 agricultores y pastores de Guayadeque defenderán su derecho al uso tradicional de las aguas públicas de dicho barranco contra varias Heredades de las zonas bajas de la isla.

El modelo que hemos descrito es válido para el conjunto de las islas, aunque cada una tiene su dinámica particular. En Tenerife se conoce la larga defensa realizada por los vecinos de Guía de Isora contra los intentos de apropiación particular. Por ejemplo, en torno al uso del manantial de Siete Fuentes los habitantes de Acentejo lucharon contra intromisiones privadas, y los de Tacoronte contra hacendados respecto al aprovechamiento de las escorrentías. En Tegueste, vecinos y Ayuntamiento defendieron, infructuosamente, en 1852 las aguas públicas.

Como vemos, los ayuntamientos juegan un papel destacado también en Tenerife, luchando entre sí, como es el caso de la “Fuente de San Pedro” en el Noroeste insular, que enfrentó a Icod de los Vinos, La Guancha y San Juan de la Rambla entre 1847 y 1852, con victoria del primero. O como se ha visto en el caso de Isora defendiendo las aguas públicas.

En la Orotava aconteció el contencioso más importante entre un antiguo Heredamiento (el de La Orotava) y particulares recién llegados, en este caso la conocida como “La Empresa” entre los años 1844 y 1873. La lucha por aguas superficiales y subterráneas acabó con la fusión de ambas entidades, que realizarán una labor de expansión en la adquisición de terrenos públicos y en la captación hídrica.

En conclusión, la historia de los conflictos del agua en Canarias ofrece una dilatada y convulsa evolución, sobre todo en Gran Canaria. Fueron especialmente intensos durante la etapa que se corresponde con la fase final del Antiguo Régimen y la larga transición al sistema moderno: arrancando desde el siglo XVIII, conociendo un recrudecimiento en el XIX y se adentran hasta la segunda mitad del XX, habiendo remitido en tiempos recientes.

Francisco Suárez Viera y Carmen Rodríguez Artiles son becarios de Investigación de la ULPGC

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