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Canarii 2 - Tema Central

Las elecciones en Canarias a lo largo de su Historia

Canarias recupera la democracia y gana la autonomía

La primera década democrática en Canarias (1976-1986)

Durante la primera década posterior a la Segunda Dictadura, el proceso de transición política a la democracia transformó el Estado Español en un Estado con procesos electorales competitivos. Tuvieron lugar tres referendos: uno, en 1976, sobre la Ley de Reforma Política, más que reformadora, revolucionaria en cuanto a sus efectos político-constitucionales; otro, en 1978, sobre el Proyecto de Constitución; y, finalmente, en el último año de la década, un tercero sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Se celebraron, además, cuatro elecciones generales parlamentarias, en 1977, 1979, 1982 y 1986; dos elecciones locales, en 1979 y 1983; y unas elecciones autonómicas, en ese último año, puesto que el texto constitucional de 1978, al establecer una forma de Estado políticamente descentralizada, posibilitó la celebración de este tipo de elecciones.

El régimen autoritario franquista supuso una intensa solución de continuidad en el comportamiento electoral de los españoles y, por tanto, en el formato y la mecánica del sistema español de partidos, como consecuencia directa de los profundos cambios sociales, económicos y culturales experimentados. Y ahí está, por ejemplo, la opinión de SARTORI, que sostuvo una mayor similitud del sistema español de partidos configurado hacia mitad de la década con el italiano de 1947 y no con su antecedente republicano. En cuanto a Canarias, resulta indudable que la analogía entre su situación electoral y partidista en la década y la anterior a 1936 fue tenue, como lo fue el parecido entre las sociedades isleñas de ambas épocas.

La competencia electoral canaria se desarrolló en dos dimensiones políticas básicas: la dimensión tradicional izquierda-derecha, en la cual se ubicaron las fuerzas políticas de acuerdo con sus perspectivas en relación al cambio social; y una dimensión subestatal-estatal, que contrapuso los planteamientos y programas de signo nacionalista y regionalista con los que no tenían ese signo. Es de destacar la escasa relevancia en las Islas de otras dimensiones importantes en otros espacios políticos, tales como la dimensión laicidad-confesionalidad religiosa. Hacia el interior del Archipiélago, el denominado pleito insular determinó el particular papel político jugado por la Unión de Centro Democrático (UCD), que, hasta su definitiva derrota electoral de 1982, actuó dividida en dos fracciones -grancanaria y tinerfeña-, protagonistas de las sucesivas crisis de la Junta de Canarias durante la etapa de autonomía provisional y del pacto intrapartidista que hizo posible el Estatuto. Las dos fracciones recurrieron frecuentemente a Madrid para dirimir sus disputas.

El pleito insular estuvo también en el origen de la progresiva consolidación del insularismo como opción política, con caracteres no uniformes según las islas, cristalizado bien en agrupaciones moderadas, bien en asambleas de carácter más renovador. El insularismo adquirió una gran importancia en Tenerife porque, por medio de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), fue la opción de continuidad de la fracción tinerfeña de la UCD, mientras la fracción grancanaria eligió una vía de mayor estatalidad a través del Centro Democrático y Social (CDS), continuador de la UCD. El nacionalismo y el regionalismo tampoco pudieron trascender la dimensión insular durante la década, y la mayoría de las organizaciones y fuerzas políticas de esta orientación únicamente tuvieron implantación en una de las dos provincias canarias e, incluso, en una sola isla o grupo de islas. La excepción relevante estuvo constituida por la coalición electoral Unión del Pueblo Canario, que llegó a obtener un escaño en las elecciones generales parlamentarias de 1979, preludio, sin embargo, de una crisis interna que determinó su desaparición.

En esta primera década democrática el sistema de partidos canario acusó una alta volatilidad, con cambios importantes en su formato y en su mecánica debidos a las alteraciones significativas que experimentó el comportamiento electoral de los canarios. Los principales factores responsables de estos cambios y alteraciones estuvieron relacionados con la desaparición de la UCD y los avances del insularismo. Aparecen y desaparecen algunas fuerzas políticas, y otras se reposicionan y modifican sus programas y ofertas electorales. Hacia el final de la década compiten en el centro derecha del espacio político opciones estatales como Alianza Popular o Coalición Popular y el CDS con las opciones insularistas de agrupaciones insulares, singularmente ATI en Tenerife y la Agrupación Palmera de Independientes (API) en La Palma. Las fuerzas políticas estatales sufren fracturas internas relacionadas con el pleito insular. Y las fuerzas herederas de la UCD no consiguen aproximarse en su conjunto al número de votos obtenidos por aquella formación.

El nacionalismo canario de la época se caracteriza por su endeblez teórica y atomización organizativa y de liderazgo. A pesar de estas características negativas, su incidencia electoral es persistente, en torno a un siete por ciento del sufragio expresado en el Archipiélago, con un máximo del once por ciento en las citadas elecciones de 1979. El componente principal de este sufragio es urbano y capitalino, siendo casi inexistente en algunas islas periféricas. A partir de 1983 progresa la presencia insularista, con aproximadamente un diez por ciento de los votos, si bien más del noventa por ciento de esos votos corresponden a la provincia occidental y la isla de Tenerife.

Las opciones a la izquierda del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE) presentan un peso electoral escaso, cifrable en un cinco por ciento del sufragio expresado. Estas fuerzas políticas, en particular el Partido Comunista, se vieron muy afectadas por la competencia de fuerzas nacionalistas de orientación similar, competencia que originó, en ciertos casos, la pérdida de su identidad política y de sus siglas en aras de una concurrencia electoral conjunta con las fuerzas nacionalistas. Por su parte, el PSC-PSOE mantuvo una presencia estable en el conjunto del Archipiélago, con un éxito indudable en las primeras elecciones autonómicas de 1983, que le llevó a formar Gobierno.

La abstención electoral tendió a ser elevada en toda la década. Aunque en algún sector tuvo un componente de discrepancia radical con el sistema, todos los datos apuntan a que las motivaciones de los sectores abstencionistas mayoritarios estuvieron relacionadas bien con la desinformación política, la pasividad y el desinterés por la política, bien con la desconfianza hacia los partidos y la clase política. Es detectable un porcentaje de falsa abstención, sobre todo en la primera mitad del período, producida por los errores no corregidos en los censos electorales, en particular en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en los municipios rurales.

El referendum sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica se caracterizó por una elevada abstención de casi el cincuenta por ciento, con un máximo del sesenta y uno en la isla de La Palma. La opción negativa triunfó en el conjunto de Canarias, en las islas orientales, más concernidas por la presencia marroquí y el conflicto del Sáhara Occidental, y en El Hierro. En las elecciones de candidatura, a partir de un mínimo del veintiuno por ciento en la provincia de Las Palmas en las primeras elecciones democráticas de 1977, la media de la década puede ser fijada en torno a un treinta y cinco por ciento, con oscilaciones coyunturales de una a otra elección.

La mecánica electoral

La circunscripción electoral fue la provincia en las elecciones generales parlamentarias, la isla en las autonómicas y los ámbitos insulares y municipales correspondientes en las locales. Las candidaturas tuvieron forma plurinominal en listas cerradas y bloqueadas, salvo para el Senado, para el que fueron uninominales en listas abiertas. Hasta 1982 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se eligieron siete diputados y en la de Las Palmas seis, mientras que en las elecciones de 1986 se invirtieron estas cifras debido a los cambios poblacionales producidos. En cada una de las dos islas centrales se eligieron tres senadores y uno en cada una de las restantes. La duración del mandato quedó fijada en cuatro años en todos los casos, el modo de escrutinio fue mayoritario para el Senado y proporcional en las demás elecciones, con la regla de atribución de escaños del belga d’Hondt. La barrera electoral tuvo una cuantía del tres por ciento de los votos válidos emitidos en la circunscripción en las elecciones generales parlamentarias, del tres por ciento de los votos válidos emitidos en el Archipiélago en las autonómicas y del cinco por ciento en las locales, con una segunda barrera alternativa del veinte por ciento insular en las autonómicas. Por lo que se refiere al número de escaños por isla en las autonómicas, quedó establecido no en función de la población o el censo, sino por criterios de equilibrio y paridad interprovincial e interinsular (las cuatro paridades de las provincias y las islas centrales y periféricas, entre sí y también un grupo de islas respecto del otro), que rompieron la proporcionalidad y, de forma paralela, sobrevaloraron cuantitativamente los votos de las islas periféricas en detrimento de los de las islas centrales. A diferencia de las Alcaldías, la Presidencia de los Cabildos Insulares correspondió legalmente a los cabezas de las listas más votadas.

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