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Canarii 2 - Tema Central

Las elecciones en Canarias a lo largo de su Historia

Las primeras elecciones democráticas

Canarias durante la II República (1931-1936)

Durante la etapa republicana se celebraron tres procesos electorales para diputados a Cortes. Sin embargo, la II República se proclamó a partir de unas elecciones municipales, celebradas el 12 de abril de 1931. A estás concurrieron dos candidaturas: la Monárquica y la Conjunción Republicano-Socialista. Los primeros resultados escrutados reflejaron que, aunque la primera de las candidaturas había ganado las elecciones, de 50 grandes ciudades, sólo en 9 había triunfado la Candidatura Monárquica, entre ellas Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, que en las grandes concentraciones urbanas, donde vivía un mayor número de habitantes, se habían impuesto los republicanos y socialistas. En estas ciudades hacía falta mayor número de votos para sacar un acta de concejal, por lo que la lectura que se hizo de los resultados fue que la mayoría de la población había apostado por la República, a pesar de que no habían ganado las elecciones. Estos resultados reflejaron asimismo que en las grandes ciudades era prácticamente imposible reproducir los mecanismos de dominación caciquil, muy efectivos en las pequeñas localidades de la España rural, expresándose las mayorías, en 1931, en las ciudades. A partir de conocerse el escrutinio, el pueblo salió a la calle a celebrar y proclamar la República, primero en Eibar, luego en Barcelona y Madrid, extendiéndose la euforia al resto del país. El 14 de abril de 1931, el Rey Alfonso XIII partía al exilio y se proclamaba la II República española.

Tras la proclamación de la República, un gobierno provisional integrado por republicanos y socialistas se hacen cargo de la nueva situación, convocando elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio de 1931. Mientras que los partidos que habían formado parte de la Conjunción Republicano-Socialista contaban con anterioridad al 14 de abril con sus organizaciones de partido y sus asociaciones sindicales, las fuerzas procedentes de la Monarquía se habían quedado huérfanas de representación, al sucumbir la institución que los había sustentado desde 1875. La implantación del nuevo régimen cogió por sorpresa a estas fuerzas, que no tuvieron apenas tiempo de reorganizarse y formar nuevos partidos que las representasen de cara a las elecciones de junio de 1931. En el caso de Las Palmas, muchos monárquicos intentaron sin éxito forzar una candidatura o incorporarse a fuerzas republicanas ya existentes, pero sin ningún arraigo en las islas, no presentando, finalmente, ninguna candidatura común para las elecciones a Cortes. En este sentido, desde la proclamación de la II República, esta falta de unidad y acuerdo entre la burguesía de las islas orientales se puso de manifiesto, lo que reveló la escasa capacidad organizativa de la misma para unirse en un solo frente de derechas, sufriendo, por el contrario, serios problemas iniciales de encaje en el republicanismo, o más bien en un sistema que, circunstancialmente, los había desalojado de las instancias de poder que había controlado durante tanto tiempo. Esta inadaptación se manifestó en la fragmentación política de la burguesía, así como en la ausencia de un líder capaz de aglutinar a todas las facciones herederas de la Monarquía, reaccionando de forma dispar ante la proclamación de la República. La mayor parte de las fuerzas políticas vinculadas a la Corona, y representantes desde 1875 de los intereses de la burguesía agraria y exportadora de la provincia oriental, optaron por el retraimiento de cara a las elecciones de junio: el desconcierto, la desorientación y la pérdida de referentes de cara a las mismas, pesaron de forma evidente en esta decisión.

Por su parte, la realidad tinerfeña se presentaba de manera totalmente diferente debido a la preexistencia de un partido, el Partido Republicano Tinerfeño, que se presentó como solución para una burguesía que requería de una fuerza política que les sirviera de aglutinante y representante en un momento en que los partidos monárquicos habían quedado obsoletos, y se imponían nuevas concepciones de la lucha política, a la vez que nuevas formas organizativas. Este partido se convirtió así en su más cualificado representante y portavoz político, teniendo lugar la integración masiva en el mismo de buena parte de las secciones partidarias, liberales o conservadoras, heredadas de la Monarquía. El Partido Republicano Tinerfeño fue así el más característico representante de la burguesía isleña en las Canarias occidentales.

De esta manera, los resultados de las elecciones de junio de 1931 fueron favorables para republicanos y socialistas en las dos provincias canarias. La provincia occidental elegía seis diputados repartidos de la siguiente manera: 4 para los republicanos tinerfeños (Alejandro Lerroux, Antonio de Lara y Zárate, Alonso Pérez Díaz, y Andrés de Orozco y Batista); los otros dos restantes se repartieron entre el PSOE (Domingo Pérez) y un independiente (Andrés de Arroyo). Mientras, Las Palmas elegía cinco, reflejando los resultados la inhibición de los monárquicos en estas elecciones, ya que la victoria republicano-socialista no se correspondía con una presencia y arraigo mayoritario de estas fuerzas en la provincia, obteniendo, por el contrario, cuatro de los cinco escaños en juego: dos para los republicanos federales (Bernardino Valle y Gracia y José Franchy y Roca); dos para los socialistas (Juan Negrín López y Marcelino Pascua); y el último para el republicano radical Rafael Guerra del Río.

El panorama electoral se presentará de forma muy distinta en las siguientes elecciones a Cortes, convocadas para el 19 de noviembre de 1933. Las diseminadas fuerzas monárquicas habían tenido dos años para reorganizarse y adaptarse a la nueva legalidad vigente. Para ello, se incorporaron a partidos republicanos ya existentes, como el Partido Radical, que había iniciado un viraje derechista para captar a esa burguesía sin representación política; o también formaron sus propias organizaciones partidistas, como el caso del Partido Popular Agrario Autónomo, liderado por José Mesa y López, que había sido máximo exponente del caciquismo isleño en la fase final de la Monarquía, y con el que logró agrupar a un sector muy importante y mayoritario de la burguesía grancanaria. Otras formaciones en este mismo sentido, aunque con un carácter más confesional: Acción Popular Agraria en Tenerife y Acción Popular en Las Palmas.

La fuerza real que seguía teniendo el caciquismo en las islas quedó patente en estas elecciones. Muchos caciques procedentes de la Monarquía se incorporaron a estos nuevos partidos de derechas, asumiendo la jefatura local de los mismos en sus municipios. En este sentido, el voto rural fue decisivo para la contundente victoria de estas organizaciones en noviembre de 1933. Las formaciones de las derechas concurrieron coaligadas en la llamada Coalición Antimarxista, formada por el Partido Popular Agrario Autónomo de José Mesa y el Partido Republicano Radical de Rafael Guerra, que obtuvieron los cinco escaños en juego en la provincia de Las Palmas, con los siguientes candidatos proclamados diputados a Cortes: José Mesa, Rafael Guerra del Río, Camilo Martinón, Manuel Lorenzo Pardo y el lanzaroteño Ruperto González Negrín. De esta manera, se producía la recuperación de la representación política por parte de la burguesía conservadora. En la provincia occidental, de los seis diputados a elegir, cinco correspondieron nuevamente a los republicanos radicales (Antonio de Lara y Zárate, Rubén Marichal López, Alonso Pérez Díaz, Andrés de Orozco, y Elfidio Alonso), mientras que el restante fue para Acción Popular Agraria (Tomás Cruz). La representación de las izquierdas desaparecía así del archipiélago canario, una vez reorganizadas las fuerzas políticas y sociales vinculadas al régimen monárquico, que controlaban la maquinaria caciquil que siguió funcionando con enorme eficacia durante la etapa republicana en las islas, fundamentalmente en las áreas rurales y en las islas no capitalinas.

La siguiente y última contienda electoral de la República se celebraría el 16 de febrero de 1936. Las izquierdas concurrían a estas elecciones unidas en el Frente Popular, fórmula puesta en marcha para la defensa de la democracia, por parte de republicanos progresistas, socialistas y comunistas, frente al avance del fascismo en Europa. Sin embargo, las derechas en Las Palmas no consiguieron fraguar una candidatura común debido a las diferencias entre José Mesa y Acción Popular, yendo por un lado la Candidatura Antirrevolucionaria, formada por el partido de Mesa y los radicales de Guerra del Río; y por el otro, Acción Popular en solitario. Esta desunión tuvo consecuencias nefastas para las derechas, máxime cuando las izquierdas se presentaba en un solo frente que consiguió cuatro de los cinco escaños por la provincia de Las Palmas: el federal Valle y Gracia, los socialistas Juan Negrín y José Junco, y el comunista Eduardo Morales; mientras que Guerra del Río se hizo con el último. La base de esta victoria estuvo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en sus barrios más populares, donde las organizaciones obreras y los partidos de izquierdas habían penetrado con cierta fuerza, sobre todo a partir de la proclamación de la República. Sin embargo, este triunfo fue posible gracias a la desunión de las derechas, como refleja la suma de los votos obtenidos por la alianza entre populares y radicales junto a los de Acción Popular, que unidos aventajarían en doce mil votos al Frente Popular.

En Santa Cruz de Tenerife, por su parte, la derecha si se presentó unida, obteniendo tres de los seis escaños en juego (José Víctor López de Vergara, Ramón González de Mesa y Elfidio Alonso), mientras que las izquierdas se hacen con los otros tres (Luis Rodríguez, Emiliano Díaz y el comunista Florencio Sosa).

Estas serían las últimas elecciones celebradas en España en cuarenta años, ya que sólo cinco meses después, tenía lugar el golpe de estado que llevaría a tres años de cruenta guerra civil, y al fin de la primera experiencia democrática de la Historia de España.

Las elecciones municipales que precipitaron la República

En Canarias, estas elecciones municipales fueron ganadas por los monárquicos en las dos provincias, que se hicieron con el 80% de las concejalías en juego, siendo este triunfo más contundente en la de Las Palmas. Sin embargo, los resultados fueron diferentes en relación a las dos capitales, ya que en Santa Cruz de Tenerife triunfó la Conjunción Republicano-Socialista, mientras que Las Palmas de Gran Canaria fue una de las pocas capitales de todo el Estado en que lo hizo la Candidatura Monárquica.

Una constante en la dinámica política y social del archipiélago marcó, sin duda, estos resultados, así como el de los tres siguientes procesos electorales que tuvieron lugar en esta etapa: el caciquismo. Ejemplo de ello lo tenemos en la aplicación del artículo 29 de la Ley Electoral de 1907, que establecía la designación automática de los candidatos a concejal, siempre que su número fuera inferior o igual al de candidatos. Este artículo se aplicó en más de la mitad de los municipios canarios, que no tuvieron necesidad de celebrar elecciones, ya que los candidatos se proclamaron concejales directamente en virtud del artículo 29.

De los concejales elegidos de esta manera, más del 80% eran monárquicos, lo que evidencia la escasa politización de la sociedad canaria de entonces. Sólo en determinados distritos de los núcleos urbanos de las islas había cierta organización de las clases trabajadoras en torno a los partidos republicanos, el PSOE o sindicatos de clase, que, sin embargo, no tenían apenas presencia en las mayoritarias áreas rurales controladas por los caciques al servicio de los grandes propietarios agrarios.

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