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Canarii 20 - Historia Social

Un largo camino por recorrer:

LA CONDICIÓN JURÍDICA DE LA MUJER DESDE LA EDAD MODERNA HASTA EL SIGLO XIX

La llegada del régimen liberal en el siglo XIX, si bien supuso la progresiva secularización del Derecho y la separación del concepto del delito y del pecado, no supuso una mejora radical en los derechos y libertades de la mujer

La incorporación de las Islas Canarias a la Corona de Castilla supuso la implantación de las instituciones políticas y del ordenamiento jurídico castellano en el Archipiélago. El Derecho vigente en esta época recibió las influencias del denominado ius commune europeo –que bebía a su vez de las normas canónicas y del patriarcal derecho clásico romano- e implicaba la observancia de leyes discriminatorias por razón de sexo. Si, en el ámbito público, la mujer no podía ejercer los oficios públicos, en el contexto privado se hallaba sometida al concepto de la honra como valor incuestionable. Un texto legal tan archiconocido como las Partidas preveía la discriminación de la mujer respecto a su hermano varón en el ámbito de las herencias. Asimismo, su capacidad para testificar estaba manifiestamente limitada y recibía una pena más severa en delitos como el adulterio o la hechicería.

El estado civil y el estamento al que se perteneciera también eran factores a tener en cuenta en las restricciones que recaían sobre la capacidad jurídica de la mujer. No hemos de olvidar, a este respecto, que la celebración del Concilio de Trento a mediados del siglo XVI implicó la creación de registros de bautismos, matrimonios y defunciones. En consecuencia, a partir de esta época –en la Monarquía Hispánica, desde 1564- sería más fácil tener conocimiento del estado civil de las personas.

Ni los principales pensadores humanistas, en el siglo XVI, ni con posterioridad los ilustrados del siglo XVIII se mostraron decididamente partidarios de una mayor equiparación jurídica entre ambos sexos en el contexto geográfico general del continente europeo. Las opiniones erasmistas o de Jovellanos adolecerán, en este sentido, de una palpable ambigüedad en la consideración del sujeto femenino.

En el Archipiélago la Real Audiencia –cuya sede se ubicaba en la ciudad de Las Palmas-, los gobernadores y corregidores y los alcaldes ejercieron potestades judiciales durante los tres siglos de la Edad Moderna. Si la citada Audiencia ocupó el vértice de la pirámide del organigrama judicial, los alcaldes se hallaban en el escalón inferior. También es imprescindible mencionar a los tenientes letrados y alcaldes mayores, que asesorarían jurídicamente a los gobernadores y corregidores –en su mayoría, ostentadores de cargos militares y desconocedores del Derecho-.

Los abogados y los procuradores, así como los testigos, peritos, comadronas y cirujanos desfilan por las páginas de la documentación conservada en los archivos históricos, manifestando la progresiva complejización de la actividad judicial y, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la transformación del Derecho en aras del reconocimiento de los derechos y libertades de inspiración burguesa y de una mayor humanitarización del derecho penal.

A lo largo de tres siglos los litigios desarrollados en presencia de las autoridades con atribuciones judiciales pondrían de manifiesto las desigualdades jurídicas por razón del sexo y del estatus social. A este hecho se unían las frecuentes desavenencias entre los ostentadores del poder judicial derivadas de los conflictos jurisdiccionales –entre la jurisdicción ordinaria, la eclesiástica y la militar-.

Huelga decir que la mencionada discriminación de la mujer no conllevó su ausencia en los procesos judiciales civiles y penales desarrollados en las Islas, sino que, al contrario, aparece con frecuencia como demandante en los litigios e, incluso, como parte acusada de haber cometido actos que atentaban contra bienes jurídicos tan diversos como el honor, la integridad física o la propiedad, como las injurias, las lesiones, los hurtos, etc.

La tradicional valoración de la virginidad femenina como símbolo de la honra familiar se traducía en la contemplación del castigo de delitos como el adulterio, la violación o el estupro. A este respecto, los juristas diferenciaban a los reos de violación –que habían empleado la fuerza física para consumar la relación sexual con la víctima- de los de estupro –que, por el contrario, se valían tan sólo de las estrategias de seducción y de las promesas de matrimonio para llevar a cabo sus propósitos-. Mencionemos, en este sentido, un supuesto ilustrativo de 1798. En ese año un vecino de Buenavista llamado Salvador de Cejas Navarro denunció al soldado Juan Luis de Acosta por haber incumplido su promesa de matrimonio tras haber dejado embarazada a su hija Rosalía.

En el ámbito del derecho penal, la aplicación práctica del encarcelamiento conllevó el diferente tratamiento en razón del sexo. El encierro doméstico suplía, en múltiples ocasiones, al depósito en las mismas dependencias carcelarias utilizadas para los delincuentes varones. De esta manera vemos, por ejemplo, como en 1641 una joven vecina de Garachico llamada Catalina Trujillo fue acusada junto a su padre –Andrés Hernández Trujillo- de un delito de injurias. El alcalde, Manuel Fernández, la condenó a permanecer encerrada en el hogar familiar a modo de cárcel, a la vez que ordenó el encierro en prisión de su progenitor.

Al mismo tiempo la indulgencia generalizada respecto a la violencia ejercida en el hogar por los maridos hacia sus mujeres también es susceptible de ser matizada, a partir de algunas iniciativas de las autoridades judiciales y de las opiniones vertidas por las propias personas que testificaban en los procesos. “Le da mala vida a su mujer” es un testimonio frecuente, en este sentido, que hace alusión al comportamiento violento ejercido por el hombre en el seno familiar. Sin embargo, el perdón de los familiares de las mujeres muertas a manos de sus maridos también se halla ampliamente documentado en relación a esta época. De esta manera, vemos, por ejemplo, como en 1672, Diego Siverio, vecino de Fuerteventura, perdonaba a su yerno Francisco Robaina, acusado de haber matado a su hija Pascuala. La única condición requerida era que Robaina asentara plaza de soldado para ir a Flandes y que no retornara nunca más a la isla oriental.

Por otra parte, las denominadas “cartas de perdón de cuernos” implicaban la posibilidad –motivada fundamentalmente por razones de índole económica y social- de que la mujer acusada de adulterio no fuera severamente castigada, en atención al propósito de perdón esgrimido por su “agraviado” esposo.

La llegada del régimen liberal en el siglo XIX, si bien supuso la progresiva secularización del Derecho y la separación del concepto del delito y del pecado, no supuso una mejora radical en los derechos y libertades de la mujer. De este modo el Código Civil de 1889 establecía que las hijas de familia no podían abandonar la casa paterna hasta los veinticinco años, salvo que lo hicieran para contraer matrimonio o ingresar en un convento. La mujer casada quedaba sometida a la autoridad marital y estaba obligada a seguir el domicilio y la nacionalidad del marido. Necesitaba su licencia incluso para aceptar una herencia o para poder ejercer actividades comerciales. Llegado el siglo XX, no cabe duda que la promulgación de la Constitución de la Segunda República en 1931 supuso la instauración de preceptos constitucionales de carácter igualitario. A este respecto, su artículo 25, establecía que el sexo no podía ser fundamento de ningún privilegio jurídico. Algunos decretos promulgados en la época republicana posibilitaron que las mujeres pudieran presentarse a las oposiciones a Notarías y Registros, a los Cuerpos Técnicos de Prisiones y a las Secretarías de los Tribunales de Justicia.

Posteriormente, si bien el régimen franquista tuvo la finalidad de reducir a la mujer a un rol puramente doméstico, de conformidad con los postulados ideológicos del Movimiento Nacional, se introdujeron algunas tímidas reformas. La más importante tuvo lugar en las postrimerías de este período histórico, en el mes de mayo de 1975. En esta fecha tuvo lugar la reforma del Código Civil y del de Comercio. A este respecto, la mujer casada dejaba de estar supeditada a las licencias o autorizaciones maritales respecto de su capacidad de obrar. Pese al advenimiento del sistema democrático, en la práctica, las discriminaciones de hecho y de derecho continuaron existiendo, a pesar de la legislación desarrollada en aras de la igualdad jurídica reconocida en los artículos 14 y 32.1 de la Constitución de 1978. Desafortunadamente las transformaciones operadas en las mentalidades y en el propio ordenamiento jurídico han sido, a todas luces, insuficientes en las últimas décadas.

Belinda Rodríguez Arrocha es doctora Derecho

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