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Canarii 21 - Historia Contemporánea

LA PAZ Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DEL PUEBLO DEL SAHARA OCCIDENTAL

LA PAZ Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DEL PUEBLO DEL SAHARA OCCIDENTAL

Al término de la segunda guerra mundial, la Carta firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945 sentó las bases de una nueva Organización Internacional (la Organización de las Naciones Unidas), sucesora de la extinta Sociedad de Naciones. En el preámbulo, los Gobiernos de los 51 Estados fundadores se mostraron resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”; a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas y a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Además, en la primera de sus disposiciones, se definieron los propósitos de la ONU, entre los cuales figura el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales; lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz, así como fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal (art. 1). Aunque, en otra disposición, la Carta reiteró este propósito —crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos (art. 55 )—, no desarrolló sin embargo su significación y contenido. Fue preciso esperar a que la ola emancipadora de las antiguas colonias modificase el número de Estados miembros para que la Asamblea General de la ONU, el órgano más representativo, aprobase a partir de 1964 distintas resoluciones que indican, entre otros extremos, en qué consiste la libre determinación, cuáles son los pueblos titulares de este derecho o qué derechos corresponden a los pueblos sujetos a dominación extranjera al amparo del derecho de libre determinación (Resoluciones 1514, 1541 y 2625). Dicho de otra forma, los nuevos Estados independientes incorporados a la ONU desarrollaron un principio tímidamente contenido en la Carta, que no osó precisar con claridad su alcance y consecuencias para no comprometer la suerte de las posesiones coloniales británicas y francesas, lo que explica el distinto régimen jurídico previsto en la Carta para los territorios no autónomos (colonias de los vencedores) y los territorios en fideicomiso (básicamente, las colonias de los Estados vencidos y los territorios bajo mandatos, heredados de la Sociedad de Naciones).

Sabido es que la antigua colonia española fue ocupada por Marruecos y Mauritania como consecuencia del vergonzante acuerdo tripartito (la Declaración de principios de 14 de noviembre de 1975) que esos países concluyeron con España, violando manifiestamente el derecho internacional al atribuir la administración temporal a esos dos países prescindiendo de la voluntad y los deseos de la población saharaui autóctona, única forma de poner fin a la presencia colonial respetando las obligaciones impuestas por el derecho internacional. Las propuestas de arreglo aceptadas por Marruecos y el Frente POLISARIO en 1988 —que comportaban la celebración de un referéndum de libre determinación del pueblo saharaui y fueron incorporadas al Informe del Secretario General aprobado por el Consejo de Seguridad en 1990 (Véase Naciones Unidas, La situación relativa al Sahara Occidental. Informe del Secretario General, doc. S/21360 (18 de junio de 1990), así como la Resolución 690 (1991) del Consejo de Seguridad (29 de abril de 1991)— no se aplican ante las diferencias que persisten sobre el ejercicio del derecho al voto. Entretanto, en los últimos años se han puesto sobre la mesa de negociaciones alternativas distintas a las fijadas inicialmente en el plan de paz (un referéndum de autodeterminación para escoger entre la independencia del territorio o su integración en el Reino de Marruecos) que pasan sustancialmente por el otorgamiento al territorio saharaui de un estatuto de autonomía que presupone su integración en el Reino de Marruecos.

Después de tantos años de escasos avances, ¿cómo alcanzar la paz para el Sahara Occidental? O bien, qué debería hacer la llamada comunidad internacional organizada (Naciones Unidas) para conducir una situación que amenaza la paz y la seguridad en la región hacia el final del conflicto, hacia una paz justa y duradera. Para quienes defendemos el respeto irrestricto del derecho internacional, la respuesta está en la misma Carta de las Naciones Unidas y en las antedichas resoluciones que la han desarrollado y hasta ahora regido los procesos de descolonización, aunque su aplicación requiere un claro e inequívoco compromiso político. En efecto, como la Carta de la ONU establece, para lograr por medios pacíficos el arreglo de la situación en el Sahara Occidental —susceptible, indudablemente, de conducir a quebrantamientos de la paz— es preciso obrar de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional. Son muy elocuentes en ese sentido las palabras de John Dugard, anterior Relator Especial de las Naciones Unidas encargado de investigar la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. En 2008 señaló que las negociaciones para el arreglo del conflicto palestino «deberían desarrollarse en un marco normativo, que se rigiera por las normas del derecho internacional, especialmente el derecho internacional humanitario y los instrumentos de derechos humanos», añadiendo que «las negociaciones sobre cuestiones tales como las fronteras, los asentamientos, Jerusalén oriental, el retorno de los refugiados y el aislamiento de Gaza deberían basarse en esas normas y no consistir en un mero “regateo” político» (Naciones Unidas, Situación de los derechos humanos en Palestina y otros Territorios árabes ocupados. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (John Dugard), doc. A/HRC/7/17, 21 de enero de 2008, p. 26.).

Desde luego, no basta con prorrogar un año tras otro el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO), ni tampoco con las recientes promesas de Marruecos al Secretario General para lograr un acceso sin reservas ni trabas a todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que podría facilitar la supervisión imparcial de la situación de los derechos humanos y poner coto a los abusos que padecen los saharauis (V. Naciones Unidas, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sahara Occidental, doc. S/2011/249, 1 de abril de 2011, p. 24). La resolución del Consejo de Seguridad del pasado 27 de abril, que prorrogó un año más el mandato de la MINURSO, se limitó a destacar «la importancia de mejorar la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y en los campamentos de Tinduf… alentando a las partes a que colaboren con la comunidad internacional para establecer y aplicar medidas independientes y creíbles que aseguren el pleno respeto de los derechos humanos, teniendo presentes las obligaciones pertinentes que les incumben en virtud del derecho internacional» (Preámbulo de la Res. 1979 del Consejo de Seguridad, de 27 de abril de 2011). Pero esa resolución no dispone ni articula mecanismos para monitorizar (e informar a las Naciones Unidas) sobre la situación de los derechos humanos en la zona, como ocurre con otras Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Resulta imperioso que, de una vez por todas, el mandato de la MINURSO se amplíe e incorpore un componente de verificación de la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental que contribuya a impedir y en su caso investigar las violaciones de los derechos y libertades de los saharauis. Ya es hora de adoptar medidas efectivas para asegurar que se respeten los derechos humanos de la población autóctona, en especial tras el desmantelamiento por la fuerza del campamento de Gdim Izik, el violento desalojo de los quince mil saharauis que allí protestaban pacíficamente en defensa de sus derechos políticos y sociales, la posterior ola de detenciones arbitrarias, de torturas y malos tratos, así como el cierre completo de los territorios y la consiguiente opacidad informativa (V. la Declaración escrita formulada el 9 de noviembre de 2010 por la AEDIDH y la Asociación Canarias Zona Internacional Cultura de Paz, tras la destrucción y desmantelamiento por fuerzas armadas marroquíes del mencionado campamento (www.aedidh.org/sites/default/files/Decl-Sahara-AEDIDH-CZCP.pdf).

El 10 de diciembre de 2010, en el marco del Foro Social Mundial sobre Educación para la Paz, la sociedad civil internacional culminó con éxito en Santiago de Compostela una campaña mundial por el reconocimiento de la paz como derecho humano, aprobando la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz (El texto íntegro es accesible desde el sitio web www.aedidh.org). Esta Declaración representa las aspiraciones de la sociedad civil internacional para conseguir la codificación del derecho humano a la paz. Con ella culmina un fecundo proceso de codificación privada iniciado por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) cinco años atrás y que ha obtenido la adhesión de más de ochocientas organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, así como de numerosas instituciones públicas. El Congreso de Santiago aprobó también los Estatutos del Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz, operativo desde el 10 de marzo de 2011.

Es ciertamente significativo que en el preámbulo de la Declaración de Santiago, la sociedad civil internacional haya considerado que “la aplicación adecuada, uniforme y no selectiva del derecho internacional es indispensable para la consecución de la paz”. La sociedad civil renovó además su compromiso con el derecho a la libre determinación de los pueblos reconociendo en el art. 6 de dicha Declaración que “todo pueblo tienen derecho a resistir y oponerse a todos los regímenes que cometan crímenes internacionales u otras violaciones graves, masivas o sistemáticas de los derechos humanos, incluido el derecho a la libre determinación de los pueblos, de acuerdo con el derecho internacional”.

En sus resoluciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, por un lado, que “la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una negación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales” (Res. 1514); y, por otro, que todos los Estados tienen el “deber abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a los pueblos… de su derecho a la libre determinación y a la libertad” (Res. 2625). Siendo el Consejo de Seguridad el órgano de las Naciones Unidas que tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, le corresponde adoptar medidas efectivas, no solamente para evitar que la situación se agrave, sino también para avanzar en la realización efectiva del derecho del pueblo saharaui a su libre determinación, de tal modo que pueda, como todo pueblo titular de aquel derecho, establecer libremente su condición política y proveer asimismo a su desarrollo económico, social y cultural, como se establece en el art. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto exige voluntad política en el seno del Consejo de Seguridad y una apuesta decidida por el respeto de las obligaciones que el derecho internacional impone a todos los Estados en materia de libre determinación de los pueblos. Mientras esto no ocurra existen otras instancias en el seno de las Naciones Unidas que pueden y deben actuar para proteger al pueblo saharaui e influir en el curso de los acontecimientos. Como afirmó la sociedad civil internacional en la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz, “corresponde a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad, al Consejo de Derechos Humanos y a otros órganos competentes, la adopción de medidas efectivas para proteger los derechos humanos frente a violaciones que puedan constituir un peligro o una amenaza para la paz y la seguridad internacionales” (art. 13). Es el siempre difícil camino a recorrer cuando los Estados con sus hechos tercamente vulneran el derecho. Ante ellos, la sociedad civil internacional asume un compromiso claro para, con la fuerza del derecho, satisfacer las justas demandas del pueblo saharaui que, como dice el poeta, tiene más sed de paz que de agua (Del poema “Sed”, obra del poeta saharaui Saleh Abdalahi Hamudi).

Carmelo Faleh es profesor del área de derecho internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y secretario general de la Asociación Española para el derecho internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH).

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