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Canarii 7 - Editorial

Aprobada la "Ley de la Memoria Histórica"

La memoria de los olvidados

A finales del mes de octubre pasado, después de mucho tiempo de discusiones e incertidumbres, el Congreso de los Diputados aprobó la denominada popularmente “Ley de la Memoria Histórica”, cuyo nombre oficial es el de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

La línea editorial de la revista Canarii, desde sus comienzos, siempre ha abogado por la restitución de la memoria y, de hecho, en casi todos sus números ha habido referencias a los olvidados por la historia. Desde hace ya algunos años viene operando un amplio movimiento social, que persigue el restablecimiento de la memoria de todos aquellos que fueron perseguidos y asesinados por el régimen dictatorial nacido el 18 de julio de 1936, movimiento impulsado por familiares y allegados. Ellos están localizando las miles de fosas comunes clandestinas que hoy se encuentran por toda la geografía peninsular e insular. La Ley, pues, es un intento por parte de los poderes públicos de satisfacer esa demanda social; esa deuda histórica.

La esencia de toda ley parlamentaria es el acuerdo y el compromiso y ésta no podía ser menos. Pero hay un elemento que conviene subrayar. Digamos que el Gobierno de la nación y el partido que lo sustenta no se han atrevido a dar el paso más coherente que cabía dar en una democracia consolidada que es el de anular todos aquellos consejos de guerra y juicios sumarísimos de la dictadura, constituidos en virtud de un golpe de estado contra la democracia y el legítimo Gobierno republicano; que asesinaron y condenaron a prisión a decenas de miles de españoles y españolas. Es verdad que, como ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, declarar la “ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra” (art. 3.2) abre el paso para las reclamaciones individuales de anulación e, incluso, el resultado puede ser el mismo que si se acometiera una anulación generalizada y automática. ¿Pero no se merecen las pocas víctimas directas que quedan y tantos y tantos familiares afectados una reparación rápida y justa? ¿Es que tienen que continuar su calvario para obtener lo que en justicia les corresponde? Por ejemplo, el caso del diputado canario Eduardo Suárez Morales, por citar uno de los 121 fusilados en Canarias. En los primeros días del golpe militar defendió la legalidad constitucional y, aplicándosele el ilegal Bando de Guerra, fue fusilado por las autoridades militares facciosas en el cuartel de La Isleta. ¿Cómo es posible que el régimen democrático español, hoy, que asume los principios por los que se inspiraba la legalidad republicana, no pueda anular su consejo de guerra? Cuando vemos que en algunos temas se aplica la discriminación positiva, ¿no se merecen las víctimas y sus familiares una actuación contundente y eficaz?

Pero una vez planteada la principal reserva en torno a la Ley, hemos de destacar algunos aspectos que consideramos importantes y que sí están en la buena dirección. Nos referimos a la Declaración de reparación y reconocimiento personal que pueden recibir los afectados (art. 4); el reconocimiento de pensiones (art. 5), las pensiones de orfandad (art. 6), la tributación del IRPF (art. 8); la colaboración de las administraciones públicas con los afectados para la “indagación, localización e identificación” de las víctimas (art. 11, 12, 13 y 14); la “retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos” relativas al golpe militar y a la dictadura (art. 15); que el Valle de los Caídos sea un lugar para “honrar la memoria de todas las personas fallecidas” (art. 16) y no para celebrar los aquelarres de exaltación al general golpista; la elaboración de un censo de obras realizadas por los distintos Batallones de presos (art. 17); la concesión de la doble nacionalidad para los que integraron las Brigadas Internacionales (art. 18); la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo de la Guerra Civil en Salamanca (art. 20); el derecho de acceso y obtención de copias de los archivos privados que se beneficien de las ayudas públicas -léase la Fundación Franco- (art. 22) y la disposición derogatoria que anula toda la legislación represiva del franquismo.

En definitiva, nos encontramos con una Ley que avanza en la dirección de reparar a aquellos que padecieron la guerra civil y el franquismo, pero que contiene una serie de omisiones y ambigüedades que conviene solventar en un futuro no muy lejano.

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