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Canarii 8 - Tema Central

Historia de la Autonomía canaria

Autonomía y pleito insular

Tras la efímera, y puramente teórica, experiencia autonomista de la I República y tras la fragmentaria agitación autonómica de las largas décadas de la Restauración, la proclamación de la II República, en 1931, propiciará una notable revitalización de los proyectos autonomistas.

Tras la proclamación, el día 14 de abril de 1931, de la II República, se procedió a la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, que tuvieron lugar el 28 junio siguiente. En ellas, y en razón de su población, la provincia de Santa Cruz de Tenerife eligió seis diputados y la de Las Palmas cinco. Una vez reunidas las Cortes, se inicia el proceso de elaboración y de discusión de una nueva Constitución, que será finalmente aprobada el 9 de diciembre de 1931.

En lo que atañe a la organización político-territorial de España, dicha constitución proclama que España es un estado integral, pero, a la vez, reconoce, el derecho a la autonomía de las diferentes regiones. En el caso de Canarias, además, el nuevo texto constitucional reconoce la existencia y competencias de los preexistentes Cabildos insulares.

Como consecuencia del cambio de régimen político, se reavivó la discusión en torno a la cuestión de la organización político-administrativa del Archipiélago, sobre todo una vez que la República ratificó el decreto de división de la provincia de 1927. Las primeras discusiones tienen lugar, a partir del mes de mayo de 1931, en el seno de la Mancomunidad Provincial Interinsular de Sta. Cruz de Tfe., cuya presidencia ha recaído precisamente en el republicano Ramón Gil-Roldán.

De nuevo, la decisión que se adopta es la de convocar una Asamblea regional para discutir en torno a lo que las bases propuestas por el propio Gil-Roldán denominan como “la estructuración regional del Archipiélago canario”. Dicha Asamblea, en la que deberían estar presentes todas las entidades oficiales y sociales representativas de las Islas, tendría el propósito, según la propuesta de la Mancomunidad, de discutir sobre “el proyecto de estructuración del Estatuto regional canario”. El término no se refiere, por supuesto, a un estatuto de autonomía, sino simplemente a la organización administrativa que habrá de adoptar el Archipiélago dentro del nuevo régimen político y que los diputados canarios en las futuras Cortes constituyentes habrían de defender. En esencia, pues, los términos de la discusión continúan estando plenamente inscritos dentro del denominado pleito insular y, por tanto, la iniciativa de la Mancomunidad no puede considerarse en su integridad como un capítulo del proceso de constitución de Canarias como región autónoma. Lo que se continúa discutiendo básicamente es la posibilidad de restablecer la unidad regional en el terreno político-administrativo, con lo que de nuevo la cuestión de la capitalidad del Archipiélago se convierte en un escollo insuperable. Y ello aunque, en el transcurso de la citada sesión de la Mancomunidad, Gil-Roldán habla ya de la necesidad de crear un “órgano superior legislativo, que represente y defina la unidad regional de Canarias”.

La proyectada Asamblea se celebró finalmente el 9 de agosto de 1931, y se reuniría de nuevo en marzo del año siguiente. Y aunque, en esta segunda ocasión, se toma en consideración a la nueva Constitución recién aprobada, en realidad en ningún momento se contempla expresamente la posibilidad de iniciar el procedimiento para constituir a Canarias en región autónoma. El objeto de la discusión continúa siendo la posibilidad de restablecer la unidad regional perdida con la división provincial, así como la capitalidad de Santa Cruz de Tenerife. También en este momento, pues, y pese a la existencia del nuevo marco constitucional, es la pugna entre las dos Islas centrales lo que constituye el trasfondo de la discusión, y no la posibilidad de dotar al Archipiélago de un estatuto de autonomía al amparo del nuevo marco constitucional. La persistencia del pleito insular retrasó, sin duda, el proceso autonómico propiciado por la nueva legalidad republicana, pues el hecho de que la discusión continuara girando en torno a la organización político-administrativa de Canarias y, con ello, en torno a la capitalidad del Archipiélago, impidió que prosperara la idea de constituir una región autónoma en consonancia con la nueva Constitución. Habrá que esperar aún algún tiempo para que en Canarias se aborde expresamente la cuestión de la autonomía y se acometa la elaboración de un proyecto de estatuto.

Miguel Ángel Cabrera Acosta es profesor titular de Historia Contemporánea por la Universidad de La Laguna

Imágenes

La enmienda Lara

En las Cortes republicanas se estaba discutiendo sobre la denominada cuestión canaria, en este caso como parte del debate sobre la nueva Constitución. […] Por lo que a la cuestión de la autonomía respecta, el episodio más relevante del debate constitucional fue la presentación y discusión de las enmiendas presentadas al proyecto por los diputados Andrés Orozco y Antonio Lara.

Enmienda del diputado tinerfeño Lara al Artículo 11 de la Constitución (25 de Septiembre de 1931 - Palacio del Congreso)

“El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Lara tiene la palabra para defender su enmienda.

EI Sr. LARA: Señores Diputados, […] me levanto para apoyar una enmienda formulada al artículo 11 de la Constitución, que se refiere exclusivamente a Ia organización política y administrativa del Archipiélago canario. […] Nosotros, los diputados por Tenerife, entendemos que en Canarias no hay más que una región geográfica, viva y real, y no puede haber más que una región autónoma, y, en cambio, los diputados por Las Palmas entienden que debe y que puede haber dos regiones.

Pero me interesa […] que este problema, que yo planteo con mi enmienda, es por completo ajeno al llamado pleito canario […]. Para ello me basta recordar [que] ese famoso pleito que se ha utilizado para trastrocar y perturbar la organización política y administrativa de Canarias, y que ahora también se quiere utilizar, no ha sido nunca ni es otra cosa que una rivalidad, una lucha y una emulación entre las dos principales ciudades del Archipiélago, Las Palmas [de Gran Canaria] y Santa Cruz de Tenerife; […] recojo únicamente el hecho de que se puso término a esa lucha por la Ley de 1912, en que se reconocía de una manera expresa, con el asentimiento de los representantes de Las Palmas y de Tenerife, la unidad del Archipiélago y la capitalidad de Tenerife. Y al amparo de esa ley se vivió en Canarias, y cuando vino la Dictadura […], fue notorio para nosotros que, dada la gran propensión que tenía a resolver por medio de la violencia los más espinosos problemas, había de poner mano en ese asunto, aunque fuera hiriendo muchos valores sentimentales de que la Dictadura solía prescindir, pero que eran y son de tanto interés para España. Y, efectivamente, se hicieron, no sé por quién, las gestiones necesarias que encontraron eco en el ánimo del dictador, y un buen día, sin que nosotros Io esperáramos ni siquiera !o pudiéramos sospechar, apareció en la ‘Gaceta’ un llamado decreto ley por el cual se dividía en dos la provincia de Canarias y se establecía una capitalidad en Las Palmas y otra en Tenerife. Y cuando vino la República, a pesar de que no derogó esta ley que era por sus antecedentes, por la materia sobre que versaba y por las circunstancias que acompañaron a su promulgación, una de las más arbitrarias y despreciables de la Dictadura, nosotros, si no hubiera pasado más que esto, nos habríamos limitado a formular aquí una protesta y a traer una reserva de derecho a favor de Tenerife, y a declarar que no reconocíamos, como efectivamente no reconocemos, a esa disposición valor legal alguno; pero, señores diputados, es el caso que al redactarse y publicarse el proyecto constitucional, incluso en la nueva redacción que se ha dado al artículo 11, nosotros nos hemos persuadido de que la aplicación de ese artículo al caso de Canarias conduce a una situación que exagera notoriamente los estragos causados en Canarias por la política de la Dictadura. Para nosotros, la provincia […] en Canarias no representa otra cosa desde el año 1912 que una demarcación administrativa establecida para la mejor coordinación de los servicios del Estado, porque en el otro aspecto, como materia regional, no hay allí más que Io insular, que debe ser regido por la Isla, y lo superinsular, que debe ser regido por la región.

[…]

Pero, aunque nosotros tengamos este concepto de lo que es la provincia de Canarias, el caso es que si se aplica el artículo 11 tal como está redactado, en su párrafo primero, que permite que una sola provincia se constituya en región autónoma, esto prácticamente, mientras subsistan las dos provincias, dará por resultado que en Canarias se formen dos regiones […]. Y además, condena a estos dos trozos de territorio español a eterna separación, como si estuvieran incursos en alguna maldición o poblados por dos razas que se odiaran mortalmente. Esto es lo que quiero evitar con mi enmienda, el texto […] se reduce a añadir un párrafo que dice: "En Canarias, el derecho a constituirse en región corresponde únicamente a todo el Archipiélago canario" […].

(Aplausos.)

El Sr. PRESIDENTE: ¿La Cámara toma en consideración la enmienda del Sr. Lara?

[…]

Terminada la votación, dio el resultado siguiente:

Señores que dijeron no: 163. Señores que dijeron sí: 30. *

El Sr. PRESIDENTE: Queda desechada la enmienda”

(*) Los diputados canarios presentes se dividieron provincialmente, votando a favor los pertenecientes a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en contra, los pertenecientes a la provincia de Las Palmas.

(Extracto de las Actas de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la II República Española)

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