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Canarii 8 - Tema Central

Historia de la Autonomía canaria

El primer proyecto autonómico

Si obviamos algunos episodios menores acaecidos con anterioridad, se podría afirmar que la primera vez que se consideró expresamente la posibilidad de implantar un régimen autonómico (en este caso, de carácter federal) en Canarias fue durante la Primera República española.

El 11 de febrero de 1873, y tras la renuncia al trono de Amadeo I, las dos cámaras de las Cortes, reunidas en Asamblea nacional, aprueban una proposición por la que se declaraba a la República como forma de gobierno de la nación española. Por lo que a la organización territorial de la nueva República respecta, por el momento quedaba sin determinar si ésta tendría un carácter unitario o federal. Las elecciones a diputados tuvieron lugar a partir del 10 de mayo siguiente y las Cortes Constituyentes celebraron su primera sesión el 1 de junio. Y ya en esta primera sesión se discutió el tipo de organización político-territorial a establecer, imponiéndose rápidamente la propuesta de constituir una República federal. Propuesta que encontrará su plasmación en el proyecto constitucional de 1873.

En dicho proyecto se define a la nación española como compuesta de una serie de estados autónomos, entre los que se encuentra Canarias. Dichos estados tendrían la facultad de autoconstituirse, aunque respetando siempre la Constitución y quedando sujetos a la autoridad de las Cortes federales, estándoles prohibido legislar en contra de la unidad e integridad de la Patria (art. 99). Entre las competencias que el proyecto constitucional otorga a los estados autónomos se encuentran las de carácter económico-administrativo, el nombramiento de un gobierno y una asamblea legislativa propios, la posibilidad de disponer de una constitución, así como competencias en el ámbito de la industria, la hacienda, las obras públicas, la beneficencia o la enseñanza. Aunque los estados no podrán disponer de más fuerza pública que la necesaria para mantener la seguridad interior, correspondiendo al ejército federal la defensa general de la nación, de igual modo que las respectivas constituciones habrán de ser sancionadas por las Cortes federales (art. 92-105). Por lo que, a nuestro tema respecta, lo importante, por tanto, es que el proyecto constitucional reconoce a Canarias el derecho a constituirse en Estado autónomo, como parte de la República federal española y con posibilidad de disfrutar de las competencias enumeradas.

En el caso de Canarias, sin embargo, la posibilidad de crear un Estado autónomo se vio directamente afectada por la secular pugna política entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. En esta ocasión, dicha pugna se inscribirá inmediatamente dentro de las nuevas condiciones propiciadas por el proyecto constitucional, pues éste establecía, en su primer artículo, que los estados podían conservar las actuales provincias o modificarlas según sus necesidades territoriales. Como consecuencia de ello, los diputados canarios (y a iniciativa de los grancanarios) adoptaron el acuerdo de que, llegado el momento, propondrían la división de la provincia y la subsiguiente creación de dos subestados. Es el denominado “compromiso Estévanez”, por ser el político tinerfeño (y a la sazón ministro de la Guerra) Nicolás Estévanez el que actuó como testigo cualificado y el que redactó el texto del acuerdo.

Mediante este acuerdo, en efecto, todos los diputados se comprometieron a defender en las Cortes la división de la provincia y la creación de dos subestados o cantones, el oriental y el occidental. De no ser aceptada esta propuesta por las Cortes, la Dieta u órgano legislativo de Canarias se turnaría en su ejercicio entre las islas de Tenerife y Gran Canaria. El texto del acuerdo fue firmado en Madrid, el 19 de junio de 1873, por todos los diputados canarios, con excepción del diputado por La Laguna. Por supuesto, el acuerdo será recibido con desagrado por parte de la elite política tinerfeña, que estima que perjudica a su causa. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, acordó enviar un escrito de protesta a los dos diputados por Tenerife por estimar que el pacto dañaba a la condición de capital de Canarias que ostentaba Santa Cruz de Tenerife.

El proyecto de Constitución federal de 1873, sin embargo, nunca llegará a ser aprobado por las Cortes, pues en enero del año siguiente el golpe de Estado encabezado por el general Pavía pone fin a la Primera República y abre el camino a la restauración, un año después, de la monarquía borbónica. Por lo que a Canarias respecta, ello supondrá el fin del proyecto autonomista federal y, en particular, del acuerdo de los diputados auspiciado por Estévanez. Pasarán décadas antes de que de nuevo el marco constitucional permita la posibilidad de que Canarias se constituya en territorio autónomo. Aunque ello no significa, por supuesto, que, durante ese tiempo, las discusiones en torno a la autonomía del Archipiélago desaparezcan y que la organización político-administrativa de las Islas no experimente numerosas y sustanciales modificaciones. Entre ellas, la creación de los cabildos insulares en 1912 y la división de la provincia en 1927.

Miguel Ángel Cabrera Acosta es profesor titular de Historia Contemporánea por la Universidad de La Laguna

Imágenes

El 'Compromiso Estévanez'

"Los que abajo suscriben, diputados por Canarias, se comprometen previamente y antes de proceder por sorteo a la designación del individuo que en nombre de aquella provincia ha de representarla en la Comisión Constitucional. El que resultase elegido propondrá y sostendrá en el seno de la Comisión que, en lo político, el Estado de Canarias se subdivida en dos subestados, y en el caso de que la Comisión se oponga a ello que turne la Dieta entre las dos islas de Tenerife y Gran Canaria” (Madrid, 19 de junio de 1873).

Diputados firmantes:

Nicolás Estévanez –redactor- (por Santa Cruz de Tenerife)

Luis Francisco Benítez de Lugo (por La Orotava)

Eufemiano Jurado (por Las Palmas)

Fernando de León y Castillo (por Santa María de Guía)

Santiago Verdugo (por La Palma)

Ramón Domínguez (por La Laguna)

Proyecto constitucional de la I República

TÍTULO PRIMERO. De la Nación española.

Artículo 1

Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales.

TÍTULO TERCERO. De los poderes públicos.

Artículo 39

La forma de gobierno de la nación española es la República federal.

Artículo 42

La soberanía reside en todos los ciudadanos y se ejerce en representación suya por los organismos políticos de la República constituida por medio del sufragio universal.

Artículo 43

Estos organismos son:

- El Municipio.

- El Estado regional.

- El Estado federal o Nación.

La soberanía de cada organismo reconoce por límites los derechos de la personalidad humana. Además, el municipio reconoce los derechos del Estado, y el Estado los derechos de la Federación.

TÍTULO DECIMOTERCERO. De los Estados.

Artículo 92

Los Estados tienen completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la Nación.

Artículo 93

Los Estados tienen la facultad de darse una Constitución política, que no podrá en ningún caso contradecir a la presente Constitución.

Artículo 96

Los Estados regirán su política propia, su industria, su hacienda, sus obras públicas, sus caminos regionales, su beneficencia, su instrucción y todos los asuntos civiles y sociales que no hayan sido por esta Constitución remitidos al Poder federal.

Artículo 97

Los Estados podrán levantar empréstitos y emitir deuda pública para promover su prosperidad interior.

Artículo 99

Los Estados no podrán legislar ni contra los derechos individuales, ni contra la forma republicana, ni contra la unidad y la integridad de la Patria, ni contra la Constitución federal.

Artículo 101

Los Estados no podrán mantener más fuerza pública que la necesaria para su política y seguridad interior. La paz general de los Estados se halla garantizada por la Federación, y los poderes federales podrán distribuir la fuerza nacional a su arbitrio, sin necesidad de pedir consentimiento alguno a los Estados. Los Estados no podrán jamás apelar a la fuerza de las armas unos contra otros, y tendrán que someter sus diferencias a la jurisdicción del Tribunal Supremo federal. Cuando un Estado o parte de él se insurreccione contra los poderes públicos de la Nación pagará los gastos de la guerra. Los Estados constituirán sus Poderes con entera libertad, pero con analogía al tipo federal, y dividiéndolos en los tres fundamentales de legislativo, ejecutivo y judicial.

Artículo 105

Ningún nuevo Estado será formado de la reunión de dos o más estados sin el consentimiento de las Cortes de los Estados interesados y sin la sanción de las Cortes federales.

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