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Canarii 8 - Tema Central

Historia de la Autonomía canaria

Un Estatuto cabildista

El otro proyecto de Estatuto de Autonomía alumbrado durante la II República fue el elaborado por el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Las Palmas y con la participación destacada, como ponente del mismo, del grancanario Antonio Junco Toral. En este caso sí que se trata de un proyecto concebido en función de la Constitución de 1931 y, tal como se declara en su presentación, pretende ser un desarrollo y una aplicación de los preceptos constitucionales relativos a la constitución de regiones autónomas.

En su artículo 1, el proyecto proclama que, haciendo uso del derecho constitucionalmente reconocido, Canarias se constituye en región autónoma. Formada por dos provincias, cada una de éstas disfrutará a su vez de autonomía, reconociéndose además la personalidad de cada isla y la autonomía de los municipios (art. 1-4). En cuanto a la estructura institucional de la región canaria, se crea un Consejo Regional dotado de poderes legislativos y con competencias en todas aquellas materias fijadas por la Constitución. El Consejo Regional consta de 24 miembros, elegidos por sufragio universal y distribuidos de la siguiente manera: Gran Canaria y Tenerife elegirán seis cada una; La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, tres; La Gomera, dos y El Hierro, uno (art. 8 y 9). El Consejo Regional dispondrá de dos presidentes y dos vicepresidentes; uno perteneciente a cada provincia. En cuanto a su funcionamiento, el Consejo celebrará dos períodos de sesiones trimestrales durante el año, cada uno de ellos en una de las capitales provinciales, presidiendo en cada caso el presidente o vicepresidente de la provincia distinta a la que acoge la reunión (art. 12 y 13). El proyecto no prevé la creación de un poder ejecutivo o Gobierno regional, sino que atribuye a los cabildos insulares la función de ejecutar las disposiciones dictadas por el Consejo Regional (art. 15).

En el apartado correspondiente a las competencias autonómicas, el proyecto desarrolla en toda su plenitud las posibilidades previstas en la Constitución de 1931. Conforme a lo establecido en ella, la región canaria tendrá competencia legislativa y ejecutiva en una larga serie de materias y campos de actividad. En primer lugar, en cuanto al régimen tributario y económico. En segundo lugar, en cuanto a la ordenación legal de los montes, la agricultura, la ganadería y los bienes comunales. En tercer lugar, la Autonomía canaria dispondrá de competencias en la regulación de las corporaciones oficiales de ahorro y crédito, de la actividad mercantil e industrial, de las cámaras de comercio e industria y agrícolas, de las cooperativas agrícolas y ganaderas, de la marina civil y, en general, de las instituciones y materias relacionada con la economía canaria. En cuarto lugar, la Autonomía dispondrá de las competencias relativas a administración local, legislación electoral interior y funcionariado, así como en materia de sanidad y asistencia social y de enseñanza. En quinto lugar, el proyecto establece una serie de competencias autonómicas en materia de transportes, comunicaciones, política hidráulica y turismo (art. 25). Finalmente, la Autonomía podrá dictar reglamentos para la ejecución de la legislación general, tendrá derecho a ser oída a la hora de suscribir tratados de comercio que afecten a Canarias y podrá intervenir en organismos estatales de carácter económico y fiscal o en aquellos que regulan la importación y exportación (art. 28).

En cuanto a los cabildos insulares y su capacidad ejecutiva, estatutariamente reconocida, las instituciones insulares disfrutarán de dicha capacidad en la extensa serie de materias sobre las que posee competencias legislativas la Autonomía canaria. Corresponderá, por tanto, a los cabildos, ejecutar todas las disposiciones relativas a actividades económicas, uso de recursos naturales, comunicaciones, organización de los centros de enseñanza y recaudación de impuestos. Pero, además, la función ejecutiva de los cabildos se hace extensiva a materias como el registro civil, los seguros, los espectáculos públicos, la prensa o la expropiación (art. 26).

El proyecto grancanario consagra a la Hacienda regional y a las cuestiones de orden fiscal toda una segunda parte bastante extensa y detallada (art. 41-52); no en vano el origen del proyecto se encuentra, como se dijo, en el propósito inicial de redactar una ponencia sobre la ordenación económica de Canarias. En este apartado, lo que el proyecto de Estatuto hace es detallar las fuentes de financiación de las instituciones autonómicas y fijar las funciones recaudatorias de éstas. En cuanto a la primera cuestión, el proyecto establece que la hacienda del Consejo Regional se nutre de las aportaciones de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife (en razón, se comprende, de su mayor capacidad económica.) La hacienda de los cabildos, a su vez, se nutrirá de los impuestos cedidos por el Estado y de aquellos heredados de la etapa anterior o que puedan establecerse en el futuro. En cuanto a los primeros, el Estado habrá de ceder a los cabildos impuestos como las contribuciones rústica, urbana e industrial, los arbitrios de Puertos Francos o los impuestos de transmisión de propiedades y de aprovechamiento forestal. Esta cesión de impuestos será revisada cada cinco años por una comisión mixta del Ministerio de Hacienda y los cabildos y deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros. En cuanto al segundo tipo de impuestos, los cabildos quedan facultados para establecer nuevos tributos, siempre que no entren en conflicto con los establecidos por el Estado y, en particular, con el impuesto sobre la renta. Por último, el proyecto faculta a los cabildos a emitir deuda interior y establece la transferencia a los cabildos de los derechos estatales sobre minas, aguas, caza, pesca y bienes de uso público.

De este modo, no sólo se refuerzan sustancialmente las haciendas insulares, sino que se convierte a los cabildos, además de en la base sobre la que se asienta la Hacienda regional, en los ejecutores y gestores exclusivos de la recaudación fiscal. En otras palabras, que el proyecto hace recaer en los cabildos la responsabilidad de asumir y gestionar la Hacienda y la fiscalidad canarias, privando al Consejo Regional de toda atribución en este campo. Además, por tanto, de ser los órganos ejecutivos de la Autonomía, en sustitución de un gobierno regional convencional, los cabildos ejercen un control casi absoluto sobre los recursos económicos de la región. Con lo que el proyecto consagra aún más a los cabildos como la estructura institucional básica del régimen autonómico canario, introduciendo así un elemento específico que diferencia marcadamente a éste de los regímenes autonómicos peninsulares. Tal es la preponderancia del papel otorgado a los cabildos, que el proyecto considera innecesario crear un poder ejecutivo, un gobierno (a la manera del Estatuto catalán), pues atribuye todas las funciones ejecutivas a las instituciones insulares.

En todo caso, el papel preponderante otorgado a los Cabildos por el proyecto grancanario tiene un carácter distinto al otorgado en el proyecto redactado por Gil-Roldán. En este último caso, el proyecto de Autonomía mantiene el ordenamiento legal precedente y le superpone los elementos relativos a la organización regional. En el proyecto confeccionado en Gran Canaria, por el contrario, los cabildos son plenamente incorporados a la estructura institucional autonómica. Es decir, pasan a estar regidos por y supeditados al Estatuto de Autonomía y las funciones que se le atribuyen dimanan directamente de la legalidad autonómica misma. Los cabildos, en este proyecto, pasan a formar parte plena del organigrama institucional de la Autonomía canaria, y no son un mero legado institucional que se preserva. Los cabildos continúan siendo instituciones insulares, tal como las había establecido la Ley de 1912, pero a la vez se convierten en parte integral de la nueva organización autonómica. De hecho, el proyecto de Estatuto grancanario supone la sustitución efectiva del viejo cabildo por uno completamente renovado, tanto en sus facultades ejecutivas como en sus funciones hacendísticas y fiscales.

Miguel Ángel Cabrera Acosta es profesor titular de Historia Contemporánea por la Universidad de La Laguna

Un proyecto socialmente avanzado

El proyecto, incluye, a continuación, dos capítulos, el II y el III, en los que se entremezclan la atribución de diversas competencias a la Autonomía canaria y la definición de un programa de acción que ésta ha de cometer, con objetivos específicos en materias de enseñanza, propiedad, agua, vivienda y pesca. Esto ha de entenderse, sin embargo, en razón del contexto histórico en que se redacta el proyecto y de la participación destacada en su redacción de determinadas organizaciones o dirigentes políticos. Dicho contexto está marcado por el retorno al control de las instituciones, tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, de los partidos de izquierda (republicanos, socialistas y comunistas), con la consiguiente revitalización del programa reformista puesto inicialmente en marcha durante el primer bienio […].

En cuanto a la enseñanza, la Autonomía canaria ha de lograr la escolarización de todos los niños, así como garantizar el acceso a la enseñanza media y superior de los ciudadanos canarios que no dispongan de los suficientes medios económicos. En cuanto a la tierra, la puesta en explotación de las tierras abandonadas ha de hacerse con el fin de favorecer a las familias necesitadas. En lo concerniente a la vivienda, el proyecto considera como una de las funciones principales de la región canaria el fomento de la construcción de viviendas baratas “para asegurar el alojamiento de las clases populares”, mientras que en lo relativo a la pesca se han de dictar las disposiciones pertinentes “para extender la propiedad de los barcos pesqueros al mayor número de sus tripulantes”, a la vez que se protegerá a los pescadores y a sus cooperativas y asociaciones.

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