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Canarii 8 - Tema Central

Historia de la Autonomía canaria

Una propuesta anclada en el pasado monárquico

Tras las elecciones a Cortes de 1936 se reanudó el proceso de elaboración de los estatutos de Autonomía, siendo los primeros en hacerlo el vasco y el gallego. En Canarias, se reaviva igualmente la discusión en torno a la autonomía y no sólo reaparece el viejo proyecto de estatuto de Gil-Roldán, sino que en Gran Canaria se confecciona otro diferente. Es ese interés el que impulsa a Gil-Roldán a hacer público de nuevo, con algunas ligeras modificaciones, su proyecto de estatuto de 1931, que aparecerá publicado precisamente en ‘La Prensa’ del día 6 de junio de 1936.

El proyecto de Estatuto de Autonomía de Gil-Roldán establece al Archipiélago canario como región autónoma con respecto al Estado nacional y, a la vez, otorga autonomía a las Islas dentro de la región y a los municipios dentro de la isla (aunque, en el último caso, se trata de una autonomía puramente administrativa). En cuanto a los municipios, el proyecto se limita a indicar que sería deseable la mancomunidad de los ayuntamientos de pequeñas dimensiones, así como que se estableciera una distinción entre los municipios urbanos y los rurales. Con respecto a la organización insular, el proyecto se atiene, básicamente, a lo establecido por la Ley de 1912, tanto en lo que se refiere al mantenimiento de la institución de los cabildos como a las competencias de éstos. Según el proyecto, cada isla dispondrá de un cabildo compuesto por representantes elegidos por sufragio directo y con las competencias atribuidas por la referida ley. Finalmente, se reconoce a los cabildos el derecho a asociarse de manera temporal y sin que puedan llegar a perder nunca su identidad.

Así pues, es en el apartado de la organización regional donde radican las principales novedades del proyecto y a dicho apartado se consagra la mayor parte del articulado. El proyecto reconoce la existencia de las dos provincias, con sus respectivas capitales, y sitúa al frente de cada una de ellas a un órgano administrativo denominado diputación. Las funciones y competencias de estas diputaciones provinciales son las que previamente desempeñaban y ostentaban las mancomunidades provinciales. Pero, a la vez, las diputaciones provinciales tienen la función de Comisiones permanentes del organismo supremo de la región autónoma, el denominado Consejo o Diputación Regional. En efecto, en el proyecto de Gil-Roldán, la institución suprema del régimen autonómico de Canarias sería el Consejo Regional. El Consejo Regional es una institución representativa cuyos miembros tienen una doble procedencia: una parte de ellos es elegida por sufragio directo y a ellos se suman los miembros de las diputaciones provinciales y los presidentes de los cabildos insulares. Otra parte, sin embargo, es de origen corporativo, pues está constituida por representantes de diferentes instituciones, colegios profesionales o entidades sociales: el rector de la universidad, los decanos de los colegios de abogados de ambas provincias, los presidentes de las Cámaras de comercio, agrícolas, de la propiedad, etc., los presidentes de las academias y colegios médicos y dos representantes por provincia de las federaciones de sindicatos obreros (art. 17).

Las competencias o facultades de este Consejo Regional son unas de carácter legislativo y otras administrativas. Según el proyecto, podrá legislar en materias como la beneficencia, la enseñanza, la agricultura, la actividad económica, los montes o las aguas dentro del territorio canario (art. 18). Las leyes promulgadas en tales materias sólo podrán ser revocadas por las Cortes (art. 19). Además, el Consejo Regional tendrá la potestad de crear fundaciones benéficas, educativas o culturales, así como asumir la dirección y administración de los asuntos referidos a transportes y comunicaciones interinsulares -en este segundo caso, previa autorización de las Cortes o el Gobierno- (art. 23 y 24). Asimismo, el Consejo Regional asesorará al Gobierno central en la promulgación de aquellas leyes o decretos que afecten al territorio canario, de igual modo que los organismos de la Administración central radicados en Canarias tendrán la obligación de prestar su asesoramiento técnico al Consejo regional (art. 21 y 22).

En lo que respecta a la Hacienda pública, el Consejo Regional podrá negociar con el Estado el establecimiento de conciertos económicos que le permitan hacerse cargo de la recaudación de los impuestos que se determinen (art. 25). Los acuerdos del Consejo Regional serán ejecutados en cada provincia por las respectivas diputaciones provinciales, pudiendo delegar éstas en los cabildos insulares (art. 32). El Consejo Regional ha de celebrar, al menos, dos sesiones ordinarias al año, alternativamente en cada capital provincial, aunque podrá celebrar sesiones extraordinarias en cualquier localidad del Archipiélago (arts. 26 y 27).

El proyecto establece, finalmente, cuáles han de ser los medios de financiación de los municipios, los cabildos y las instituciones provinciales (mientras que, curiosamente, no se hace mención alguna en este apartado a la hacienda regional). Con respecto a los dos primeros, se mantienen las fuentes de recursos económicos con que contaban ya, mientras que la hacienda provincial se nutre de una variada serie de impuestos. Entre éstos se encuentran las contribuciones, los impuestos de timbres y cédulas personales o el impuesto sobre aprovechamiento de aguas, a los que se añade una aportación de los cabildos insulares (art. 40-42.) Es decir, que en lo concerniente a la hacienda y al manejo de los recursos económicos, el Consejo Regional carece de función alguna, siendo la provincia el ámbito territorial de mayor entidad en cuanto a la gestión hacendística.

A pesar del tiempo transcurrido y de la entrada en vigor de la nueva Constitución, Gil-Roldán mantendrá en lo esencial su propuesta de organización autonómica de Canarias durante todo el período republicano. El texto del proyecto, hecho de nuevo público en junio de 1936, con motivo de la reanudación de la discusión sobre la cuestión de la autonomía regional, sólo presenta algunas ligeras modificaciones que no afectan a la estructura y a la filosofía básica del proyecto original. Algunas de esas modificaciones obedecen, sin duda, al deseo de evitar o suavizar los roces entre ambas provincias y de facilitar un consenso autonómico entre ambas. Es el caso de la supresión del precepto según el cual la sede del Consejo Regional ha de radicar en Santa Cruz de Tenerife, a la que se alude como capital de la región (art. 11), así como de la supresión del artículo que establecía la creación de una nueva Audiencia territorial en Tenerife (art. 40).

Llama la atención que el proyecto de Gil-Roldán permanezca inmune a la influencia de la nueva Constitución republicana y, en particular, al proceso de elaboración de los diferentes estatutos de Autonomía, especialmente el catalán, que había entrado en vigor en fecha temprana. Gil-Roldán no parece tomar en consideración en ningún momento las nuevas circunstancias constitucionales y el nuevo marco legal, y persiste en la propuesta de un régimen autonómico que está anclado en las circunstancias legales e institucionales del período de la Restauración. La consecuencia de ello es que a la altura del año 1936, lo que el abogado tinerfeño continúa proponiendo es, esencialmente, un proyecto de descentralización político-administrativa para el Archipiélago que mantiene intacta la antigua organización municipal e insular, que carece de un órgano legislativo o parlamento con plenas funciones y con un funcionamiento regular y que otorga un escaso número de competencias administrativas a las instituciones autonómicas. Todo ello hace pensar que, de haber sobrevivido el régimen republicano y de haberse llegado a constituir una autonomía canaria, lo más probable es que el proyecto de Gil-Roldán apenas habría podido ser tenido en cuenta más allá de algunos detalles específicos, dada su falta de sintonía con el nuevo marco legal y con el modelo autonómico tal como aparecen fijados en la Constitución de 1931.

Miguel Ángel Cabrera Acosta es profesor titular de Historia Contemporánea por la Universidad de La Laguna

Una propuesta alejada de la autonomía política

Como se puede apreciar, se trata de un proyecto sin una relación directa con el marco legal e institucional establecido por la Constitución de 1931 y que, por tanto, no desarrolla el tipo de autonomía política previsto en el texto constitucional republicano. Como consecuencia de ello, aunque se reconoce capacidad legislativa a la Autonomía canaria, las competencias que se le otorgan son notablemente más limitadas que las que permite dicho texto. Y, de hecho, aunque el proyecto atribuye al Consejo Regional facultades legislativas en algunas materias, parece evidente que se trata de leyes que atañen exclusivamente a la regulación administrativa de esas materias. Además, el proyecto no llega a proponer la creación de un parlamento u órgano legislativo, en el sentido exacto del término. En primer lugar, porque el Consejo Regional es una mezcla de órgano legislativo y ejecutivo. En segundo lugar, porque no se trata de un órgano elegido íntegramente por sufragio, requisito imprescindible para que pudiera considerársele como una institución parlamentaria y legislativa plena, sino que, por el contrario, en su composición se mezclan la representación democrática y la corporativa. En tercer lugar, porque su régimen de funcionamiento no es el propio de una institución parlamentaria, pues no se reúne regularmente, sino de manera intermitente.

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