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Canarii 9 - Tema Central

Historia del diferencial fiscal canario

La fiscalidad y la futura autonomía

Las especialidades fiscales canarias se ponen de manifiesto desde el mismo momento de la incorporación a la Corona de Castilla en el siglo XV hasta nuestros días. El hecho diferencial, la condición de Archipiélago Atlántico con unas características geográficas, económicas, culturales y políticas propias y la ultraperificidad dan lugar a profundizar en una conformación singular para Canarias en el contexto actual en el que se aborda una nueva reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (en adelante, EAC).

Esas características del archipiélago canario hacen que las especialidades que representan su régimen económico y fiscal no signifiquen, desde el prisma constitucional, un privilegio económico o social que resultaría prohibido por la Constitución (artículo 138, 2), sino que, por el contrario, suponen una concreción efectiva del principio de solidaridad entre las nacionalidades y regiones del Estado español.

De hecho, la nueva reforma del EAC surge a partir de la necesidad de incorporación en este texto de los cambios producidos en el ámbito institucional, competencial, económico y fiscal por la madurez del proceso de autogobierno canario y la evolución del Estado de las Autonomías en el marco constitucional español. A su vez, también resulta prioritaria la consolidación del nuevo estatuto de Canarias como región Ultraperiférica europea en los tratados de la Unión y en el proyecto de Constitución Europea.

Por otro lado, la mencionada evolución del Estado de las Autonomías ha supuesto la aprobación normativa de nuevas cesiones tributarias, a partir de la modificación del sistema de financiación general del Estado, lo que ha ido equiparando peculiaridades fiscales propias del REF respecto a las del resto del territorio y ha disminuido el tradicional diferencial fiscal canario en el ámbito de la imposición indirecta. Esa es una de las razones básicas por las que urge su actualización.

La importancia del EAC radica en que, de acuerdo con el mecanismo de la garantía institucional, completa a la Disposición Adicional Tercera de la Constitución tanto en el establecimiento de los aspectos nucleares como procedimentales del REF. En este sentido cabe realizar una serie de consideraciones fundamentales respecto a la reforma de la configuración estatutaria de estos aspectos materiales.

En primer lugar es necesario que se fundamente su núcleo material en una imposición menor a la del resto de España y en las franquicias fiscales estatales sobre el consumo, compatibles con una imposición indirecta singular, destinada a financiar a la hacienda autonómica, insular y local. En este sentido, también resulta fundamental la necesidad de profundizar aún más en la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma Canaria, en consonancia con otros Estatutos de Autonomía, a partir de que ésta asuma plenas facultades legislativas y ejecutivas respecto a los impuestos indirectos derivados del REF.

En segundo lugar, el núcleo de la especialidad fiscal queda integrado también por el principio de libertad comercial de importación y exportación y por la no aplicación de ningún tipo de monopolio ni de las denominadas accisas comunitarias. De esta manera, se suprime respecto a la actual redacción la franquicia aduanera ya que la aplicación del Código Aduanero Comunitario delimita el ámbito del territorio aduanero de la Unión Europea con referencia al territorio del Reino de España y sólo se exceptúa de éste a Ceuta y Melilla, en ningún caso a Canarias.

En tercer lugar, es fundamental que se incluya dentro de sus aspectos materiales el principio de franquicia parcial sobre la imposición directa que se ha configurado dentro del REF desde los años setenta. En la actualidad, la Ley 19/1994 ha consolidado este principio al recoger un régimen tributario de aplicación general, que introduce una pluralidad de medidas fiscales con relevancia en dicha imposición directa.

Es lógico que dicho principio de parcial franquicia fiscal sobre la imposición directa se recoja dentro de la mutación de este núcleo esencial en el que la mencionada franquicia fiscal sobre el consumo ha quedado restringida con la doble tributación del IGIC y AIEM, con la consiguiente disminución del tradicional diferencial fiscal y la mencionada desaparición de la franquicia aduanera. Con el añadido de este principio, se abre la posibilidad futura de adopción de medidas legislativas en impuestos de carácter directo como el IRPF que beneficien a todos los sectores de la población de Canarias no sólo a empresarios y profesionales.

En cuarto lugar, se incorporan dentro del REF las normas aplicables que se derivan del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, con las modulaciones y derogaciones que permitan paliar las características estructurales permanentes que dificultan su desarrollo, en particular en las políticas en materia aduanera, comercial, fiscal, agrícola y pesquera; igualmente la autorización de zonas francas y condiciones de abastecimiento de materias primas y bienes de consumo esenciales; la concesión de ayudas públicas y condiciones de acceso a los fondos con finalidad estructural y a los programas horizontales de la Unión Europea.

En quinto lugar, respecto a estos principios nucleares, también se añaden en el EAC las bases económicas del REF. Ello supone el reconocimiento de un importante bloque de principios y medidas destinado a impulsar la economía canaria que se han consolidado en la Ley 19/94, de 6 de julio y no fueron introducidas en la última reforma estatutaria.

Finalmente, la modificación de los aspectos de procedimiento del REF ha sido otra de las cuestiones claves a rectificar ya que, tras la última jurisprudencia constitucional, se ha hecho todavía más evidente el desfase de dicho engranaje como mecanismo protector de la especialidad fiscal insular. De hecho, el informe previo requerido por la Disposición Adicional 3ª de la Constitución Española y el artículo 46 del EAC se establece como una pieza básica del dispositivo garantizador del REF, en tanto que constituye la expresión institucional de los intereses de Canarias ante las instancias centrales del Estado.

Sonia Mauricio Subirana es profesora titular de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

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La opinión de Canarias: ¿un precepto vinculante?

Ahora bien, la regulación en la actual redacción de dicho informe preceptivo del Parlamento de Canarias no ha sido lo concisa y exhaustiva que sería deseable y, en la práctica, no ha disipado dudas respecto a su carácter vinculante, lo que ha dado lugar a una jurisprudencia constitucional controvertida. Es el caso de la Sentencia del Tribunal Constitucional 109/2004, de 30 de junio en la que se ratifica la aplicación del Impuesto sobre la Electricidad en contra del informe desfavorable emitido por el Parlamento de Canarias. Por eso la solución que se ha admitido a trámite en el Congreso de los Diputados me parece muy afortunada porque dota al informe del Parlamento de carácter vinculante. Dicho carácter del informe en los términos descritos no desnaturaliza la potestad legislativa del Estado, en cuanto que la aprobación de la modificación del REF sigue siendo competencia de las Cortes Generales aunque, eso sí, su voluntad ha de formarse a través de un procedimiento que tenga en cuenta la voluntad del Parlamento de Canarias.

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